Santa Fe
Miércoles 28 de Febrero de 2018

Lamberto informó a diputados que en 2017 se iniciaron más de 33 mil expedientes en la Defensoría del Pueblo

El ombudsman brindó un informe de gestión días pasados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia que preside el diputado Rubén Galassi.

El Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, hace días brindó un informe de gestión ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia que preside el diputado Rubén Galassi.

La exposición de Lamberto, que estuvo acompañado por algunos de sus colaboradores, se extendió por casi una hora y media iniciando con una exposición de su parte a modo de resumen de lo que fue la tarea desplegada en el 2017. Además, anunció que el 30 de abril le llegará a cada legislador el informe impreso que la ley 10.396 exige.

Lo escucharon y luego intercambiaron opiniones los diputados: Verónica Benas, Alicia Gutiérrez, Patricia Tepp, Olga Coteluzzi, Silvia Ausburguer, Santiago Mascheroni, Jorge Henn, Alejandro Boscarol, Carlos Del Frade y Raúl Fernández.

El Ombudsman santafesino comenzó agradeciendo la invitación y poniendo de relieve "la capital importancia que significa que los legisladores manifiesten interés por lo que hace un organismo cuya raigambre es legislativa, más allá de su independencia absoluta de acción y opinión, y que compartan sus actividades".

"Quiero resaltar –agregó– que es necesario tener la grandeza de poner de relieve que la Defensoría no nació hace dos años cuando llegamos nosotros sino que hay muchos años de trabajo y experiencia acumulada; de la impronta de otros defensores. Hay que ser muy respetuoso y valorar todo lo que hizo que no ha sido poco y ha colocado a la Defensoría de la provincia de Santa Fe como una de las más prestigiadas de Argentina. Tiene todo un reconocimiento internacional; es un sello".

Mencionó luego que el objetivo de modernizar el organigrama de la institución ya expuesto en un encuentro anterior se pudo cumplir en el 2017. Se redujeron sensiblemente las direcciones generales –de 21 a 16– y se creó un gabinete con cuatro coordinaciones de áreas: Relaciones con los ciudadanos (antes gestión e instrucción); Derechos, territorio y ambiente (jurídica, salud, ambiente, discapacidad, delegaciones); Comunicación y cultura (prensa, comunicación y preservación de patrimonio); Gestión y modernización (administración, estrategia y gestión). La funcionalidad del nuevo esquema permite, resaltó Lamberto, poder absorber todas las nuevas funciones que recientes leyes han otorgado a la Defensoría.

Las cifras preliminares (las definitivas estarán en el Informe Anual que se elevará a Legislatura para el 1º de Mayo) que dio a conocer Lamberto respecto de los expedientes iniciados en 2017 que, precisó, no hablan de personas atendidas que han sido muchas más dado que no son pocas las presentaciones masivas que se hacen un mismo trámite.

"Nadie se van sin ser escuchado y atendido. Aun cuando no le pueda resolver su problema se intenta asesorarlo acerca de lo que debería hacer según sea su problema. Les explicamos que ir a la Defensoría no significa que se le dará la razón sin más. Nosotros damos garantías de gestión pero no de resultado", aclaró.

Pese a estas aclaraciones, en 2017 se iniciaron en la Defensoría 33.384 expedientes. De los cuales 14.613 se abrieron en Rosario; 8.825 en Santa Fe; 8.810 en la delegaciones; en el Centro de Asistencia a la Víctima, 1.828 y Mediación 781. No se contemplan acá consultas sin expedientes o la reiteración de visitas porque las personas regresan varias veces o las más 5000 personas que recurrieron a la Defensoría para justificar el no voto.

Tras escuchar al Defensor, los diputados dieron consentimiento a la labor de la institución y formularon preguntas tales como el nivel de satisfacción que las respuestas que obtenían los ciudadanos que, se les informó ronda entre el 75 y el 80 por ciento. Jerarquización al Centro de Asistencia a la Victima, de la política de mediación con la capacitación en mediación con la capacitación de mediadores comunitarios, la descentralización con el fortalecimiento de las delegaciones, con los trabajos de monitoreo a partir del convenio con la UNR sobre políticas públicas en el marco de la Agenda 2030.

El informe completo en soporte papel e informático será elevado a las Cámaras el 30 de abril próximo inmediato tal como lo establece el artículo 70 de la ley 10.396.