El fin de semana pasado dos familias que habitaban en terrenos del ferrocarril, detrás de la Estación Belgrano, habrían recibido ayuda del municipio para irse a vivir a la ciudad de Coronda. Sin embargo, en esa localidad del departamento San Jerónimo no los dejaron radicarse y el propio intendente Cristian Bortolotto (UCR) los mandó de vuelta aduciendo que se trababa de “un problema de Santa Fe”.

Al respecto, el intendente de Santa Fe, José Corral, dijo a la prensa: “Nosotros nos vamos a hacer cargo de estas dos familias. Teníamos entendido que ellos tenían trabajo en Coronda, por eso acompañamos el traslado. Pero no fueron bienvenidos allí. El intendente está también preocupado por el hábitat porque aparentemente no podían vivir junto con los parientes que tenían en Coronda. Es gente muy vinculada a Coronda. Pero volvieron para acá, así que nosotros nos vamos a hacer cargo”.

Luego agregó: “Vamos a tratar de buscarle una solución definitiva porque aquí tampoco tenían un lugar que podíamos regularizar porque están en una zona de terrenos ferroviarios, como también vamos a tratar de conseguirles empleo. Hay miles de familias que están en la misma situación, pero vamos a hacernos cargo”.

Al ser consultado sobre si el municipio colaboró para hacer el traslado y sobre si se les abonó 10 mil pesos en total a las dos familias, Corral dijo: “El municipio en todos los casos atiende las situaciones de las familias. Pero estas familias que aquí están en una situación irregular y que nos dicen que tienen trabajo, como de hecho ocurrió porque el empleador se acercó a ellos en Coronda, nosotros las ayudamos. A veces, cuando hay alguna situación de salud, ayudamos con algún pasaje. Hay muchas maneras de ayudar desde Desarrollo Social para que las familias mejoren su situación. Pero si no encontraron ese trabajo que buscaban en Coronda, vamos a ver si se lo encontramos acá”.

Ante la pregunta sobre el pedido de informes de la oposición respecto al supuesto accionar de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) en este caso, Corral manifestó: “En estos casos trabaja el área de Desarrollo Social, que es la que acompaña, aunque siempre trabajamos todas las áreas del municipio integradas”.

Críticas a la GSI 

“Lo que ha ocurrido con el traslado de familias a Coronda es la misma metodología utilizada con vecinos de Bajo Judiciales y Playa Norte. Con plata sacan y trasladan a la gente, amedrentando familias, con amenazas y hasta en forma violenta”, aseguró el concejal justicialista, Ignacio Martínez Kerz. “El municipio hace más de un año, 402 días exactamente (por ayer), que no contesta los pedidos de informes sobre este tema. El oficialismo niega el tratamiento para que los responsables en el Ejecutivo sean citados para informar en el Concejo por esta serie de hechos, que mes a mes alimentan una espiral de violencia y conductas que han desvirtuado la tarea de esta área de seguridad urbana, creada para otra cosa”, argumentó.

Para Martínez Kerz, “la Guardia de Seguridad Institucional ejecuta acciones fuera de la ley, agrediendo a periodistas, maltratando y coaccionando en el traslado de gente, irrumpiendo violentamente como pasó en la Estación Mitre”. “Nunca nos han comunicado las instancias administrativas o de la Justicia sobre la guardia. Hay denuncias hechas en el Inadi. El municipio no dice nada. Este no es un tema menor; gente precarizada laboralmente que integra este cuerpo y es utilizada para amedrentar a otros. Acá hay una situación de crisis con esta repartición. Nosotros hemos pedido la intervención de la guardia”, expresó Martínez Kerz.

“La actuación y conducta que públicamente ha sido desempeñada por integrantes de la Guardia de Seguridad Institucional, en numerosas y reiteradas ocasiones, demuestra importantes fallas en el funcionamiento y conducción del área, violando los principios establecidos como objetivos de su creación”, finalizó.