A partir de hoy comenzarán a trasladarse las fiscalías y otras dependencias del viejo Ministerio Público Fiscal a la sede que está ubicada en calle Urquiza 2.463 de la ciudad de Santa Fe. La Oficina de Prensa del Poder Judicial de la provincia informó que desde la fecha funcionará allí la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes.

Asimismo, la Mesa de Entradas Única, las Fiscalías de Primera Instancia de Distrito y las Fiscalías de Cámaras harán lo propio conforme un cronograma. En ese sentido, la Fiscalía Nº 1 y la Mesa de Entradas Única de fiscalías desde mañana; las fiscalías Nº 2 y Nº 5, desde el 24 de octubre; las fiscalías Nº 3 y Nº 5, desde el 25 de octubre; fiscalías Nº 6 y 7, desde el 29 de octubre; y finalmente, las fiscalías de Cámaras 1, 2, 3 y las Mesas de Entrada Única de dichas fiscalías desde el 30 de octubre.

Mientras se acomodan esas estructuras a la nueva dependencia, lo cual servirá para coordinar tareas en un mismo edificio y evitar el dispendio de esfuerzo y de recursos, distintos actores judiciales y políticos continúan con las acciones tendientes a dar vida a la reforma judicial. Por caso, el armado de los inmuebles donde estarán trabajando los fiscales y los defensores pero ya del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Es de recordar que el Ejecutivo, la Corte Suprema y el Ministerio Público de la Acusación –que conduce el fiscal general Julio De Olazábal– acordaron que el sistema de juicios orales y públicos debute el 10 de febrero de 2014. Hoy sólo algunos delitos están incluidos bajo ese régimen acusatorio, y a partir de la mencionada fecha será una obligación para juzgar delitos.

A su vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia envió al Senado santafesino un mensaje a través del cual planean algunas intervenciones específicas para poner en marcha el nuevo Código de Procedimiento Penal. Fuentes de la Cámara alta indicaron a Diario UNO que la iniciativa no puede esperar mucho más tiempo para su tratamiento porque en febrero el nuevo sistema debe estar funcionando.

Entre otras cosas, se pide a la Legislatura la desaparición de la figura de los secretarios de juzgado; la habilitación de notificaciones por medios electrónicos; la constitución de colegios distritales de jueces; el establecimiento del carácter imprescindible de la presencia física del juez en las audiencias previas al juicio oral y público; y de los casos en que los derechos del acusado deberán estar garantizados con las presencias de fiscal y del defensor.

El mensaje modifica disposiciones de la ley Nº 12.734 de creación del nuevo Código Procesal Penal y de la 13.018, que estableció la Organización de Tribunales Penales y Gestión Judicial. Al respecto, uno de los objetivos es acotar las causas de inhibición y recusación del juez, porque en el procedimiento nuevo se podrían suceder hasta seis o siete audiencias preparatorias de la investigación, y cada una de esas instancias requiere de un magistrado diferente.

Por tal motivo, se estableció que “el juez que haya resuelto la prisión preventiva o participado en la audiencia preliminar no podrá integrar posteriormente el tribunal de juicio ni intervenir en segunda instancia o instancias extraordinarias”. Además, “las resoluciones, citaciones, emplazamientos, vistas y traslados se comunicarán por medios electrónicos, de conformidad con las normas prácticas que disponga la Corte Suprema de Justicia”.

En tanto, los secretarios de los juzgados desaparecerán del Fuero Penal como consecuencia de la oralidad y la publicidad del nuevo código. Ese personal podrá sumarse a la Oficina de Gestión Judicial, órgano que administrará recursos humanos y económicos, audiencias, notificaciones. Quienes no pasen seguirán en los juzgados de Instrucción dedicados a resolver la extinción de las causas viejas.