El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, no cree que en los últimos años haya habido una “explosión de delitos cometidos por los jóvenes” que por sí solo amerite justificar una baja en la edad de punibilidad, y reiteró que ese tema es competencia del Congreso de la Nación y no de la provincia. Además, el funcionario le puso fecha al anticipo que hizo Diario UNO en la edición del domingo pasado, sobre la presentación de un proyecto de Código Procesal Penal Juvenil en la Legislatura: será en octubre.

“No creo que haya una explosión de delitos cometidos por los jóvenes. En rigor, lo que nosotros observamos es que la cantidad de delitos por menores –lo que es la criminalidad juvenil– se viene manteniendo invariable desde hace bastante tiempo y eso es un fenómeno común a toda la región; me refiero a América latina”, manifestó el ministro en cuanto a uno de los argumentos más duros que tienen aquellos sectores que reclaman reducir a 14 años la imputabilidad penal.

En declaraciones al programa A Pura Radio de LT9, Lewis explicó que más allá de las estadísticas “lo cierto es que hay otra percepción de la realidad en relación a estos delitos, porque se trata de delitos muy torpes donde el joven no tiene la astucia que tiene un menor para procurarse la impunidad. Entonces, consecuentemente son muchos más fáciles de descubrir y (son casos que) rebotan en la prensa”, añadió.

—¿Pero la violencia con la que algunos delitos se presentan no le llama la atención, más allá del fenómeno mediático que es cierto tal vez antes no existía?

—Indudablemente; y puede ser que haya algunos delitos que sean más violentos pero esto no es patrimonio de la criminalidad juvenil, en absoluto, sino que es un rasgo de nuestra época. También estamos viendo delitos cometidos por adultos de carácter muy violento.

En relación a la baja de la imputabilidad, resorte jurídico que no depende de la provincia sino de la Nación, el funcionario dijo: “Con este tipo de debates se suele polarizar la discusión entre dos extremos: entre los que dicen que hay que bajar la edad de imputabilidad para posibilitar aplicarles penas igual que a los mayores, hasta 14 años, 12 años, o la edad que fuere; y otros que dicen que hay que dejar las cosas como están. Ni una ni otra posición es la del Frente Progresista”, señaló.

“Nosotros entendemos –continuó– que en la Argentina tiene que dictarse urgente una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil porque esto ha sido una exigencia del Comité de los Derechos del Niño, que es la autoridad máxima en materia juvenil, y también lo ha marcado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son todas instancias del sistema internacional de derechos humanos que vienen marcándole al país que no puede seguir de la manera en que está”.

“La edad, de si es 14 o 16, es una cuestión de política criminal. Yo preferiría que quede en 16 años, pero para mí es más importante dictar una ley de Responsabilidad Penal Juvenil que discutir esas cosas”, remarcó el funcionario ante la consulta periodística. También, dejó en claro que el debate está cruzado por intereses políticos en un año electoral.

Código Procesal Penal Juvenil

“Lo importante (en la provincia) es dictar una ley que distinga el régimen de adultos del régimen de menores, y además, que posibilite el tratamiento del menor como un sujeto de derecho y no como un objeto de tutela, es decir que le reconozcan derechos a los jóvenes que ingresan al sistema penal: derecho a la defensa, derecho a la certidumbre de los plazos, derecho a un proceso igual al que tiene un mayor, con las garantías que le corresponden por ser una persona en desarrollo”, agregó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

En tal sentido, contó que la Universidad Nacional del Litoral organizó para octubre una jornada multidisciplinaria en la que se abordará la necesidad de contar en la provincia con un Código de Procedimiento Penal Juvenil, o sea, la herramienta para el juzgamiento (no el marco sancionatorio, que como quedó dicho depende de una ley nacional de imputabilidad) o tratamiento de aquellos menores en conflicto con la ley penal.

La casa de altos estudios convocó a especialistas de todo el país y a legisladores santafesinos –que ya presentaron iniciativas similares–, como una instancia de trabajo para pulir lo que está en estudio y empezar a encontrar los consensos suficientes que sirvan para enriquecer el análisis y acordar un texto común a todos los bloques.