La adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia nacional fue presentada por el Gobierno provincial como un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, con un enfoque centrado en desarticular las estructuras delictivas en su conjunto.

En ese marco, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, aseguró que la norma implica “el fin de la impunidad” y la definió como “un hito en la lucha contra el crimen organizado”.

“Es el mensaje para transmitir a los vecinos. Es un hito en la lucha contra estas organizaciones que tanto mal nos hacen y que representan lo más nefasto de nuestra sociedad”, sostuvo la funcionaria en declaraciones a radio LT10

Un cambio de paradigma en la persecución penal

Coudannes explicó que uno de los principales cambios que introduce la ley es que la persecución deja de centrarse en el autor material y pasa a abarcar a toda la organización criminal.

En ese sentido, remarcó que la normativa permite avanzar “desde el que usa el arma de fuego y gatilla, hasta el que está atrás de un escritorio financiando o planificando”.

“Hay un salto, un cambio de paradigma que la Legislatura entendió y acompañó”, afirmó.

Además, señaló que la adhesión se inscribe dentro de una política sostenida del Gobierno provincial en materia de seguridad, y recordó el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro en la discusión de la norma a nivel nacional.

Más herramientas y mayor agilidad en las investigaciones

La funcionaria destacó que la ley incorpora herramientas clave para fortalecer las investigaciones, como el decomiso anticipado de bienes y la posibilidad de avanzar con procedimientos más rápidos.

“Estas normativas habilitan actuaciones más ágiles”, explicó, y ejemplificó que un juez puede disponer el decomiso de bienes vinculados a organizaciones criminales aun sin condena, a pedido del Ministerio Público Fiscal.

También subrayó la importancia de contar con mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad, lo que permitirá abordar de manera integral estructuras delictivas complejas.

“Se trata de incorporar mecanismos más robustos para investigar estas organizaciones, con mayor coordinación y celeridad en los allanamientos”, indicó.

Articulación y trabajo conjunto

Coudannes remarcó que la provincia ya cuenta con experiencia en el trabajo coordinado con fuerzas federales, especialmente en operativos vinculados a la reducción de la violencia y el narcomenudeo.

“Venimos con una gimnasia de articulación en territorio con fuerzas federales, comandos unificados y trabajo conjunto con el MPA y la PDI”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que ese esquema será clave para la implementación de la ley y destacó que este tipo de abordajes ya generaron resultados concretos.

“Esta articulación permitió, por ejemplo, reducir un 48 % los heridos por arma de fuego en determinadas zonas”, señaló.

Prioridad presupuestaria y política de seguridad

Consultada sobre los recursos para implementar la normativa, la funcionaria aseguró que la seguridad es una prioridad del Gobierno provincial, con inversiones sostenidas en equipamiento, logística y operativos.

“Desde el primer momento hubo una decisión de invertir en seguridad: en móviles, en operatividad, en derribos de búnkeres y en toda la estructura que eso implica”, afirmó.

Finalmente, Coudannes sostuvo que la Ley Antimafia se integra a un esquema de políticas públicas más amplio, orientado a enfrentar el crimen organizado con mayor firmeza.

“Es una herramienta más dentro de un plan de seguridad sostenido, que se va a seguir profundizando en lo que resta de la gestión”, concluyó.