El gobernador Miguel Lifschitz aseguró ayer que su gobierno "no va a criminalizar la pobreza" con el proyecto que busca avanzar en la desfederalización del combate a la venta de drogas y que el narcomenudeo pueda ser investigado por los fiscales provinciales. En tal sentido, destacó que el objetivo de la iniciativa "no es perseguir al chiquito que trabaja en un búnker, sino a las organizaciones delictivas que no solo se dedican al tráfico de droga en los barrios corrompiendo la juventud sino que además ejercitan la violencia".El gobernador no solo puso de relieve la importancia de avanzar desde la provincia en el combate al narcomenudeo, sino que también destacó la coordinación y trabajo conjunto que se viene haciendo con el Ejecutivo nacional. "Avanzamos mucho en estos dos años y creo que de aprobarse la ley de narcomenudeo, nos va a dar más poder de intervención", estimó sobre el alcance que podría tener la sanción de una norma de estas características.

Desde algunos sectores políticos y del Poder Judicial provincial existen resistencias a la transferencia de competencias actualmente bajo la órbita del fuero federal. Se señala que, de mínima, debería venir acompañada con un esquema de financiamiento y recursos humanos para atender el potencial crecimiento de litigiosidad.

No obstante, Lifschitz consideró que actualmente en la provincia "hay más de 70 fiscales con capacidad de intervención en este tipo de delitos, mientras que el fuero federal en Rosario hoy solo cuenta con dos o tres".

"El único cambio que propone la ley es habilitar a los fiscales provinciales en los casos de narcomenudeo a que persigan a las organizaciones que se dedican a la venta al por menor de drogas", explicó.

"La cuestión es buscar la criminalidad en el negocio del narcomenudeo, porque son estos grupos los que cometen otros tipos de delitos violentos como usurpaciones, robos, hurtos de automóviles, pero su negocio principal es la venta de drogas, por eso hay que apuntar ahí", señaló.

En tal sentido, remarcó enfático que sancionar una ley de este tipo "no es criminalizar la pobreza", y agregó que el objetivo no apunta "al chiquito que trabaja en un búnker o al que compra droga para distribuirla a sus amigos. No buscamos a ellos, el objetivo es apuntar a las organizaciones delictivas que no solo se dedican al tráfico de droga en los barrios corrompiendo la juventud sino que además ejercitan la violencia", aseguró.