Santa Fe
Martes 30 de Enero de 2018

Los legisladores ya pueden juzgar a los fiscales y defensores y con retroactividad

El Ejecutivo provincial convalidó las modificaciones que se introdujeron por unanimidad en la Legislatura en la última sesión ordinaria de 2017.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la Ley 13.695 que modifica a las leyes 13.013 y 13.014, que son las que regulan al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

De esta manera, el Ejecutivo provincial convalidó las modificaciones que se introdujeron por unanimidad en la Legislatura en la última sesión ordinaria de 2017. Concretamente los legisladores pusieron en sus propias manos el control de los fiscales y fiscales adjuntos y los defensores provinciales y defensores adjuntos, y de esa manera tendrán potestad de removerlos o suspenderlos si consideran que existen causales de mal desempeño, o comisión de delito doloso por parte de esos funcionarios.

Cómo se removerán los fiscales
La norma establece que tanto los fiscales, los fiscales adjuntos, los defensores y los defensores adjuntos podrán ser removidos mediante el mismo procedimiento y por las mismas causales previstas para el fiscal general y el defensor provincial. Tanto el Poder Ejecutivo como cualquier legislador puede pedir solicitar la remoción de alguno de estos funcionarios por las causales de mal desempeño, o comisión de delito doloso.

El procedimiento establece que "la remoción del cargo se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado" y que eso estará a cargo de la Comisión de Acuerdos, "la que deberá emitir despacho sobre el particular, designando en su caso a quien actuará como acusador".

"El procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor a doce (12) meses contados desde su inicio hasta la decisión de la Legislatura sobre el fondo del asunto, en cuyo caso caducará de pleno derecho, no pudiendo iniciarse nuevamente un procedimiento por el mismo hecho", se remarca en la ley.

Sin perjuicio del proceso iniciado se podrá pedir la suspensión temporal en sus funciones del funcionario acusado y eso se resolverá por el "voto de la mayoría simple de los miembros de cada Cámara reunidas en sesión conjunta, previo dictamen de la Comisión de Acuerdos".

"Cuando la única causal sea la presunta comisión de un delito doloso, el trámite podrá suspenderse hasta la sentencia definitiva en la causa penal correspondiente", se establece en la ley. Mientras que si existen otras causales, además de la del delito doloso, solo el trámite sobre esa causal podrá detenerse para esperar la sentencia penal. El resto deberá seguir su trámite en la Legislatura con los plazos establecidos en la ley.

La política versus los fiscales
El gobernador Miguel Lifschitz aceptó todos los cambios, incluso los más polémicos como el introducido en el artículo 4º de la Ley 13.695 que habla de la eficacia temporal. "A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los procedimientos previstos en los artículos 20 y 21 de la ley 13013, y 29 y 30 de la ley 13014, se aplican a las consecuencias de las relaciones, procesos disciplinarios en trámite y situaciones jurídicas existentes", reza el artículo que establece un pase automático de las investigaciones que está realizando la Auditoría General del MPA a la comisión bicameral de Acuerdos.

Eso deja a más de un fiscal –que hoy atraviesa una investigación discipliraria de la Auditoría General del MPA– al borde de la apertura de sus respectivos procesos de destitución. Dos de los casos más resonantes son los de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes fueron denunciados el año pasado por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a partir de considerar que esos funcionarios habían pinchado su teléfono, al menos, de forma irregular.

Las modificaciones que introduce la Ley 13.695 se propiciaron luego de una serie de cruces entre el poder político santafesino y diferentes fiscales del MPA. Uno de los más resonantes fue el de las escuchas a Pullaro, pero durante 2017 también se vivieron episodios como el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe por una causa donde se investigaban supuestos desvíos de fondos hacia asociaciones civiles que se vinculaban con el intendente José Corral.

En Rosario, los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack investigan el presunto desvío de fondo de senadores provinciales. Sin embargo, esos mismos fiscales están en la mira de los legisladores de la Cámara alta debido a un hecho de 2014 donde los integrantes del MPA son acusados de realizar maniobras irregulares para poder enjuiciar a policías de la Comisaría 19ª de esa ciudad.

Ese fuego cruzado entre los poderes del Estado llevó a finales del año pasado a la Junta de Fiscales –presidida por el fiscal general e integrada por todos los fiscales regionales– a convocar a una conferencia de prensa para rechazar las modificaciones que había votado el Poder Legislativo y solicitarle al gobernador que las vete. Sin embargo, Lifschitz las respaldó. Su argumento fue la contundente voluntad política que hubo en la Legislatura ya que las modificaciones fueron votadas por todas las fuerzas allí representadas.