El problema se registró en el extremo noroeste de la capital provincial. Lejos de las luces de la zona céntrica y de la Casa de Gobierno, 180 familias se adueñaron –usurparon es el concepto legal– un plan de viviendas en construcción ubicado en Chaco al 5.000, unas cinco cuadras al este de la avenida Blas Parera. La mitad llegó anteayer y, enterados de la noticia, otros 90 se sumaron este miércoles.

En el lugar, se sucedían las reuniones en un extremo y otro del conjunto de casas. El pedido principal de los referentes era “cuidar y mantener las viviendas y evitar los conflictos, las peleas entre vecinos”.

A las 17 se realizó una asamblea en la cual los ocupantes de estos inmuebles decidieron mantenerlos ocupados hasta que se concrete la autoconstrucción de viviendas que les propuso el Estado provincial durante la mañana. La oferta consistió en proveerles terrenos y materiales, mientras que las familias se harían cargo de la mano de obra.

El martes próximo se produciría un nuevo encuentro con la directora de Vivienda de la provincia, Alicia Pino, para avanzar en la determinación de los lotes a disponer y la compra de los elementos necesarios.

Salida en plazos de la ilegalidad

Si bien la ocupación la iniciaron anteayer militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), muchos de los que llegaron al día siguiente no reconocen ninguna filiación política ni gremial, sólo se acercaron por la posibilidad de ocupar viviendas.

La directora de Vivienda y Urbanismo de la provincia, Alicia Pino, aclaró que “la obra no está en condiciones de habitabilidad” y que “no se tolerará la usurpación como mecanismo posible de acceso” al bien tan preciado del que tantos santafesinos carecen.

Sin embargo, sí accedió a concretar un loteo a corto plazo para reubicar a esas familias. Esto se realizará por etapas; a medida que nuevos terrenos se consigan, se establecerá un cronograma para las mudanzas y la liberación de lo tomado.

La funcionaria señaló que se dialogará con cada familia para establecer “su verdadera situación particular y cuáles fueron los motivos que la impulsaron a plegarse a la toma”. “El acuerdo es la devolución de las viviendas a la provincia por etapas”, indicó Pino.

El plan de construcción en cuestión pertenece al Programa Federal I. “En 2007 estaba, no sólo paralizado, sino con problemas de ineficiencia porque no tenía estructura. Hicimos los desagües pluviales”, dijo. Lo que se pretende es “sacarlo de ese programa y ponerlo en otro”. Por último, la funcionaria estimó que la obra se retomará en 60 a 90 días. “La obra está muy deteriorada. Tiene viviendas que con poco se pueden terminar y otras están muy dañadas”, finalizó.