El ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, dijo ayer que la utilización de la fuerza pública para desalojar las viviendas usurpadas de los barrios Santa Rita II y Las Delicias será una decisión de la Justicia y no del Poder Ejecutivo. De esa forma, el funcionario defendió el proceso de diálogo que se abrió con los vecinos para tratar de llegar a un acuerdo y dejó entrever que hubo personas que se aprovecharon de la situación para hacer negocios.

“Nosotros verificamos que en un año hubo un 60 por ciento de cambio de los actuales ocupantes, o sea que hubo una movilidad”, manifestó el ministro al ser consultado sobre las diferencias que hubo en los distintos censos que se hicieron en el último año. Algo similar había dicho el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone.

El fin de semana, este funcionario indicó a Diario UNO: “Gran parte de las familias relevadas el jueves pasado son diferentes a las que estaban en abril de 2012 y la mayor parte de ellas dice haber pagado para tener esta vivienda, con valores que van desde los 500 a los 15 mil pesos”. Incluso le apuntó al titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Santa Fe, al señalar: “Nos preguntamos cuántas de estas ventas de viviendas habrán ido a parar al bolsillo de (Sebastián) Saldaña, o al funcionamiento de su organización”.

Respecto de los pasos a seguir en el proceso de desalojo, el ministro Lamberto manifestó: “Todo esto forma parte de un protocolo que lo decidió la Justicia cuando estableció la modalidad de llevar adelante el proceso de desocupación. Primero se ordenó (al Estado) hacer un censo de la situación actual. La segunda etapa es la que estamos llevando adelante ahora, esto de citar a las familias, buscar alternativas y ver viabilidades”.

“Y después, con todos esos elementos, si aún hay personas que no desocuparon su inmueble, nosotros lo elevaremos a la Justicia y será la Justicia la que defina los pasos a seguir. En todo esto hemos sido muy prudentes, muy responsables, pero sí nos parece que no debe ser la ocupación la forma de adjudicar inmuebles sociales, porque éstos son para gente que lo necesita y que ha respetado la ley”, concluyó.

Monitoreo situacional

La Secretaría de Estado del Hábitat y el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que la decisión del gobierno provincial es la de recuperar, reparar y asignar los planes habitacionales usurpados ilegalmente en los barrios Santa Rita II y Las Delicias, cumpliendo con lo establecido por la sentencia de la jueza Sandra Marina Valenti, que quedó firme en junio pasado.

“Con base en lo que prevé la propia sentencia y en la vocación de este gobierno de evitar cualquier tipo de conflicto, se avanza en agotar todas las instancias que fueran necesarias para el desalojo convenido, voluntario y pacífico, previo al inicio de cualquier proceso de desalojo por la fuerza pública”, explicaron las autoridades santafesinas.

En ese marco, se informó que desde el 27 de septiembre se comenzaron a dar turnos para entrevistas personales, las cuales se vienen desarrollando desde este lunes inclusive, acordándose la devolución voluntaria de las viviendas y el abandono del barrio en cuestión. Durante los próximos días se realizarán nuevas entrevistas las cuales ya se encuentran preacordadas y se darán nuevos turnos hasta agotar la totalidad de las familias relevadas, según informaron ayer.