En el 2013 la sociedad santafesina se conmovía con el caso de la familia Serra y la pequeña Julia, que finalmente llegó a un final feliz para la menor. Durante 2014 y 2015, también en la ciudad de Santa Fe se escribieron las páginas de otra historia de lucha y amor que puso de relieve los serios problemas que existían en aquel entonces en el sistema de adopción en la provincia: el caso de la familia Di Terlizzi y las mellizas Brisa y Victoria, también con final feliz para las pequeñas hermanitas.

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Este jueves por la mañana, la sociedad santafesina junto a diversos organismos e instituciones marcharán y se manifestarán por otro caso que preocupa y desnuda la continuidad de las fallas en el seno de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La cita es a las 10 frente a dicho organismo, en calle San Luis 3135.

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Se trata de la pareja de Sergio Gigliotti y Cristina Morla, quienes desde hace casi dos años contienen como "familia solidaria" a un niño de tres años de edad, superando ampliamente el tiempo que establece la ley de adopción. En aquel entonces se suponía que a los seis meses el niño debía ser adoptado, pero la inacción por parte del Estado propició vínculos afectivos entre el menor y la pareja. Lo cierto es que durante 2017, Sergio y Cristina iniciaron mediante abogados el pedido formal de guarda preadoptiva del menor, cuyos pasos judiciales continúan su camino.

Rodolfo Di Terlizzi, referente de la Asociación Niños Visibles, que tiene el objetivo de ser "la voz de los niños y niñas que permanecen institucionalizados", encabeza este reclamo y dialogó con UNO Santa Fe sobre este nuevo caso.

"Una vez más el Estado y la Subsecretaría de Niñez propician vínculos y los rompen después. A partir de 2015 y los cambios en el Código Civil respecto de la ley de adopción, el marco legal es prácticamente perfecto. No se pueden exceder de los seis meses desde que son retirados de sus familias biológicas y llegan a instituciones o al seno de familias solidarias, obviamente por una medida excepcional lógicamente justificada, en que los niños ya sean declarados en adoptabilidad y viviendo con su nueva familia. El primero que se sale de los límites de la ley es el Estado", comenzó explicando Di Terlizzi.

"No se puede demonizar a las familias solidarias bajo ningún aspecto, porque pasado largamente los seis meses, y en algunos casos llegando hasta los cuatro años, se genera el "ahijamiento" y las familias quieren adoptar a los niños a raíz del fuerte vínculo afectivo establecido", sostuvo el referente de la Asociación Niños Visibles y agregó: "En este caso, el niño fue alejado del seno de su familia biológica y entregado a esta familia solidaria, supuestamente y como indica la ley, por no más de seis meses. Pero hoy ya se van a cumplir dos años y ahora el Estado no puede pretender que la sociedad no vea con claridad lo que pasa".

"El vínculo afectivo que nació entre la familia y el niño ya nada lo puede romper", afirma de forma contundente y como insignia de su lucha en este caso Rodolfo Di Terlizzi. A raíz de esto, es que a mediados del 2017, la pareja realizó mediante abogados el pedido formal de guarda preadoptiva del menor. "Esto complejiza la situación jurídicamente para la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahora lo que pretenden es llevar al menor con otra familia solidaria fuera de la ciudad, cortando el vínculo afectivo fácilmente demostrable ya formado tras dos años de convivencia. Buscan, además, vincularlo a través de una tercera familia solidaria, con un hermano de sangre de apenas meses de vida", subrayó Di Terlizzi.

"Sergio Gigliotti y Cristina Morla pidieron en 2017 la guarda preadoptiva del menor de tres años y además consta en el expediente que podrían también adoptar a su hermanito de apenas algunos meses de vida y que está con otra familia solidaria fuera de Santa Fe. El Estado y la Subsecretaría de Niñez prefieren romper el vínculo afectivo y buscar otra familia para el menor. Sergio y Cristina abrieron sus corazones y las puertas de su casa para convertirse en familias solidarias y cobijar un bebé unos meses. Pero pasaron dos años y hoy esa criatura ya les dice papá y mamá", explicó Rodolfo y finalizó: "En conclusión, el eje de la discusión es siempre el mismo. Pasa el tiempo, el Estado deposita a los niños en el seno de familias por mucho más tiempo de lo que la ley establece y luego rompen con los marcos de la misma. A los intereses de la Justicia, acá existe una situación de hecho que fue propiciada por el Estado sin que la familia lo busque. Por parte del Estado hay desidia, abandono, negligencia y falta de compromiso".

UNO Santa Fe también se comunicó con Mónica Barroso, directora de Niñez, Adolescencia y Familia para el centro y norte de la provincia, quien refutó de plano los dichos de Di Terlizzi. "El tiempo de las familias solidarias no es el del que hablan. Existen tiempos judiciales que también tenemos que cumplir y que en los reclamos no se tienen en cuenta. Nosotros no retiramos al menor de la familia solidaria por el hecho que invocan, sino porque lo estamos vinculando con un hermano menor de 8 meses de vida para construir una relación fraternal", remarcó Barroso y continuó: "Esta familia no puede adoptar porque no está inscrita en el Ruaga y no podemos permitir que se saltee una institución del Estado. Cuando se firma el acta de familia solidaria, se acuerdan condiciones y en última instancia si las condiciones no están claras, se pueden volver a refundar y plasmar nuevos acuerdos. De ninguna manera vamos a permitir que se diga que hay abandono del Estado".

El tema pasó por la Legislatura

Apenas comenzó el año, el gobernador Miguel Lifschitz vetó más de una decena de leyes que había sancionado la Legislatura en su última sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2017. En ese paquete se encontraba una iniciativa del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, que introducía cambios en el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga).

La norma sancionada por unanimidad en ambas Cámaras modificaba el artículo 15° de la ley N° 13.093, y disponía que "el magistrado que haya declarado la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente, tendrá acceso en forma directa al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos perteneciente a su delegación".

"En caso de que no hubiere inscriptos, deberá requerir los registros de otras delegaciones", añadía el texto de la ley propuesta por el senador peronista. Y agregaba: "La copia certificada de la nómina de aspirantes deberá ser entregada al juez competente dentro del plazo máximo de tres (3) días corridos de efectuado el requerimiento. El incumplimiento será considerado falta grave y hará pasible en su caso, de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar".

Además, la norma completaba: "Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el registro comunicará trimestralmente las nóminas de aspirantes a todos los juzgados en la materia".

Mientras que entre los argumentos del decreto de veto total que firmó Lifschitz se expuso que "resulta oportuno señalar que el párrafo primero del artículo 15° de la ley N° 13.093 -tanto en su redacción original como en la propuesta en el proyecto de ley que motiva el presente- no se compadece con los artículos del Código Civil y Comercial precitados dado que el juez no elige de la totalidad de los integrantes de la nómina sino solo de los que manda el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos preseleccionados, en los casos que corresponda en forma conjunta con otras reparticiones con competencia en materia de niñez".