Las principales cámaras empresarias del biodiesel del país enviaron una carta a la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, en la que reclaman de manera urgente que el Estado vuelva a la metodología oficial de fijación de precios del biodiesel destinado al corte obligatorio con gasoil.

Suscribieron el documento la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba).

Comunicado de productores de biodiesel

En la nota, firmada el 29 de julio, las entidades exigen que el precio por tonelada se determine conforme al artículo 3° de la Resolución 963/2023, que establece un mecanismo técnico de cálculo para garantizar que los valores cubran los costos reales de producción y aseguren la rentabilidad mínima del sector.

Según señalan, desde el inicio de la actual gestión gubernamental ese criterio no se aplicó correctamente, lo que derivó en precios por debajo de los estipulados por la fórmula oficial.

“Las empresas fueron forzadas a trabajar en condición de quebranto”, afirman las cámaras, que detallan en un cuadro adjunto que el quebranto operativo acumulado asciende a 45 millones de dólares, cifra que surge de la diferencia entre el precio fijado y el que debería haberse aplicado según la resolución.

Si a ello se le suma la rentabilidad no percibida, calculada también sobre la base de los parámetros oficiales, el perjuicio total para la industria fue calculado por el sector en "76 millones de dólares".

Los empresarios aseguran que esta situación pone en peligro la continuidad de la actividad, especialmente de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel en el interior del país.

“Las empresas de biodiesel no pueden seguir trabajando a pérdida. Esta arbitrariedad manifiesta constituye un abuso”, remarcan, y advierten que si no se corrige el rumbo, el sector enfrentará una crisis financiera con consecuencias laborales inevitables, como suspensiones y despidos de personal.

Alícuota al derecho de exportación del aceite de soja

Además, las cámaras señalaron que la situación se agravó en los últimos días a raíz de una nueva decisión del Gobierno nacional. El sábado 26 de julio, el presidente Javier Milei anunció la reducción de la alícuota del derecho de exportación del aceite de soja del 31% al 24,5%.

Esta medida, explican los empresarios, encarece el precio del insumo principal para la producción de biodiesel en el mercado local, lo que eleva aún más los costos y profundiza el desequilibrio económico de las firmas.

La nota, dirigida también al subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, incluye un cuadro con la evolución mensual de precios desde julio de 2024 hasta julio de 2025. Allí se reflejan las diferencias entre los precios fijados y los que deberían haberse aplicado según la metodología oficial, con un impacto negativo constante, salvo en mayo de 2025, cuando se registró una ganancia marginal.

Desde el sector afirman que ya habían advertido esta situación en comunicaciones anteriores, pero que hasta el momento no hubo respuesta efectiva por parte del gobierno. "La firma del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la de la secretaria Tettamanti serán las responsables de lo que quisimos evitar: una crisis financiera sectorial", concluye la nota.