La causa por la megaestafa bursátil que tiene como ícono a Mario Rossini, el extitular de BolsaFé Valores, se convirtió ayer formalmente en una investigación por lavado de dinero. La mira apunta directamente a la cúpula del Banco de Galicia y de las dos sociedades de bolsa: Galicia Valores Sociedad Anónima y Valfisa Sociedad Anónima.

En conferencia de prensa, y ante tres de los abogados que representan a los querellantes, el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y el responsable del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, Néstor García Paradiso, confirmaron ayer que imputaron a 10  personas  físicas y a tres personas jurídicas, por el delito de lavado de dinero. 

Los pedidos de indagatoria son para: Silvio Ariel Gómez; Diego Waldem Van de Velde; Fernando Gabriel Yah Yah; Guillermo Juan Pando, Antonio Iturrioz y Leonardo Perrotta; Esteban Marín, Enrique M. Garda Olaciregui y Favio Meijome. Se trata de prácticamente todo el nivel gerencial del Banco Galicia Santa Fe y de los oficiales de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que para los fiscales deliberadamente omitieron denunciar ante ese organismo internacional las maniobras fraudulentas. La denuncia también pide ampliar la indagatoria por lavado de dinero a Mario Rossini, (hoy procesado por estafa).  El otro aspecto novedoso de la presentación es que solicitaron la indagatoria de las personas jurídicas Banco de Galicia y Buenos Aires S. A., Galicia Valores S. A. y Valfisa Bursátil S. A. En estos tres casos, quienes deberán comparecer ante el juez Francisco Miño para prestar declaración serán las personas que tenían el cargo de representante legal o presidentes de cada uno de ellas en el momento en que se produjeron los hechos. Concretamente, deberán dar respuestas sobre por qué omitieron denunciar ante la UIF las operaciones sospechosas que detectaban. 

Esta medida podría llegar a tener uno de los efectos más importantes para los damnificados: en caso de ser declarada responsable, la persona jurídica debe responder con todos sus bienes, con lo cual se ampliarían las posibilidades de que las víctimas pudieran recuperar algo del dinero que perdieron en la estafa.  

“Hay un principio básico del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para todo el sector financiero: el banco debe conocer al cliente. Tiene que saber quién es la persona que va a hacer una trasferencia, depositar un título, etcétera, cuál es el objeto social que desarrolla con su empresa y cuál es el origen de los fondos. Y lo mismo para el sector bursátil”, explicó ayer Gonella.

“En este caso –agregó–  el lavado de dinero comenzaba con una maniobra que estaba prohibida: el alquiler de títulos. Luego, estos eran traspasados a la firma BV Emprendimientos, (cuyo titular también era Rossini), que no estaba autorizada para intermediar en el mercado bursátil porque su objeto social eran los insumos informáticos. Y esta firma, es la que introducía los títulos al Banco Galicia, que en lugar de denunciar que esta firma no era una sociedad de bolsa, que no estaba autorizada para operar con títulos, y que no podía justificar la enormidad de los fondos con los que estaba operando, permitió la maniobra”.

La denuncia ayer fue presentada ante el juzgado de Francisco Miño, quien deberá decidir si le da curso o no al pedido de los fiscales. En mayo del año pasado, Miño frenó más de 25 indagatorias que pidió la fiscalía para integrantes de Mercados del Litoral. Ayer, los investigadores confirmaron que insistirán en que sean llamados a declarar y que esta nueva presentación no representa una nueva línea de investigación sino que ambas son un complemento. 

Por último, cuestionaron que Rossini continúe con prisión domiciliaria a pesar de haber un fallo de Cámara que determina que se debe revocar el beneficio ya que en el caso del contador no tiene fundamentos válidos.