En febrero, la Justicia decidió decirle "no" a la apelación de la familia Gigliotti para que "Kiki" vuelva a estar con ellos, luego de entregarlo a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tras abrirle las puertas de su hogar durante casi dos años como Familia Solidaria. Finalmente, este mediodía, a través de un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, se ordenó que "Kiki", el niño de tres años, deberá ser restituido al seno de la familia de Sergio Gigliotti y Cristina Morla.

Así lo dispuso el tribunal de jueces de alzada compuesto por Eduardo Sodero, Luciano Francisco Pagliano y Armando Drago, quienes revocaron la medida impuesta por la jueza de Trámites, Susana Romero, que ordenó que el nene continúe con la familia solidaria de San Carlos.

Por tal razón, el niño deberá permanecer bajo la tutela excepcional de la familia Gigliotti hasta que se inicien los tramites de adopción.

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El caso forma parte de un laberinto judicial iniciado el 5 de febrero del 2018, cuando la magistrada Romero desestimó el pedido del defensor general que pretendió "hacer cesar los efectos del cambio de alojamiento convivencial del niño", medida que dispusieron desde la Subsecretaría de la Niñez de la provincia.

El dictamen de la jueza Romero fue recurrido hacia el Tribunal Colegiado de Familia N° 3, el cual en fecha 27 de febrero volvió a desestimar el pedido de la familia Gigliotti, patrocinada por el defensor José María Quiroga.

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Aquella resolución fue apelada con excepcionalidad en la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe donde tuvo competencia la Sala Segunda, integrada por los jueces Sodero, Pagliano y Drago, los cuales hicieron lugar al pedido de Quiroga y determinar que "Kiki" vuelva con la familia Gigliotti.

En el dictamen judicial, al que tuvo acceso UNO Santa Fe, el juez Sodero consideró en su voto que "el nuevo examen de admisibilidad del recurso, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicha conclusión provisoria, atendiendo en particular a la urgente necesidad de proveer a la tutela judicial efectiva de los derechos comprometidos, ante decisiones que exhiben una incidencia crucial en la vida actual y futura del niño, y que ocasionan agravios de difícil o insuficiente reparación ulterior, tornando equiparable a definitiva a la resolución impugnada".

La historia

Todo comenzó en enero de este año, cuando Cristina Morla y Sergio Gigliotti entregaron en la Subsecretaría de Niñez al menor de tres años, quienes desde hacía casi dos contenían como "familia solidaria", superando ampliamente el tiempo que establece la ley de adopción. En aquel entonces se suponía que a los seis meses el niño debía ser adoptado, pero la inacción por parte del Estado propició vínculos afectivos entre el menor y la pareja.

Lo cierto es que durante 2017, Sergio y Cristina iniciaron mediante abogados el pedido formal de guarda preadoptiva del menor y, además, constaba en el expediente que podrían también adoptar a su hermanito de apenas algunos meses de vida y que está con otra familia solidaria fuera de Santa Fe. Pese a todo esto, el Estado y la Subsecretaría de Niñez les exigió a la familia la restitución del pequeño.

Días más tarde, la jueza Susana María Romero resolvió rechazar el pedido de una medida cautelar de la pareja compuesta por Sergio Gigliotti y Cristina Morla y de ese modo se frustró el intento de esta familia solidaria de volver a tener consigo a "Kiki".

La familia decidió apelar ese fallo de la jueza Susana María Romero que frustró el intento de la familia solidaria de volver a tener a "Kiki" y se conoció la decisión de la Justicia de rechazar el pedido de revocatoria interpuesto.

El fallo de Romero indicaba que "la legitimidad del acto administrativo debe ser evaluada a la luz de la Ley Nacional 26.061 y Provincial 12.967 vigentes en materia de niñez, de conformidad a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esta normativa establece claramente cuál es el órgano obligado y facultado a la adopción de las medidas de protección. Así, la carga y potestad de decidir sobre la aplicación, modificación, sustitución y/o cese de una medida de dicha naturaleza es de competencia exclusiva del órgano administrativo competente local. En este caso, la Subsecretaría de Niñez".

Más adelante, confirmaba: "No cabe duda que la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo competente, se encontraba legitimado para efectuar el cambio de alojamiento del niño, contando con la previa evaluación de su equipo profesional para la determinación de la decisión tomada, fundamentándose en garantizar el vínculo fraterno con su hermano menor, quien reside en otra localidad y en otras circunstancias que han evidenciado un inadecuado rol de la familia solidaria".

El planteo de la defensa cuestionaba que "el acto por el que la Subsecretaría decide la modificación de la situación del niño, resulta ser un acto ilegítimo por el cual se afectan derechos y garantías constitucionales del mismo provocándole un daño actual". El defensor de la familia consideró "indispensable hacer cesar los efectos nocivos del acto, retrotrayendo la situación al estado anterior a su ejecución, restituyendo el niño a la Familia Solidaria que lo tenía bajo su cuidado".