Finalmente este miércoles, la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina definió darle curso a la resolución del fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Marcelo Sain por “faltas graves” y recomendaron suspender al exministro de Seguridad como director del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ahora la comisión abrirá un proceso donde el senador Lisandro Enrico será el acusador. La suspensión y la retención del 50% de sus haberes. Ahora ese dictamen deberá ser votado en una sesión conjunta de ambas Cámaras, algo que deberá ser convocado por la presidenta del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
Suspenderían a Sain como jefe de Investigación del MPA
Martínez, auditor ad hoc, emitió una semana atrás una resolución en la que admitió las presentaciones contra Sain por “faltas graves”, como también la decisión de abrir una investigación disciplinaria, junto a un planteo de suspensión preventiva del exfuncionario como titular del Organismo de Investigaciones.
Asimismo, remitió el expediente a Acuerdos, que se encarga de acusar y sancionar a fiscales y defensores bajo sospecha de faltas graves. De inmediato, el cuerpo especial le dio ingreso. Martínez solicitó a los legisladores la suspensión provisoria de Sain mientras dure la investigación con el objetivo de evitar el entorpecimiento del trámite previsto por la normativa vigente.
Detonante
El planteo contra Sain dentro del MPA había corrido por cuenta del fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de 27 diputados provinciales de la oposición, quienes señalan al exministro como el responsable –entre otras acusaciones– del hacinamiento de presos en comisarías, de escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y hasta de manifestaciones discriminatorias en varios pronunciamientos (denunciadas ante el Inadi).
La auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, había rechazado en abril la presentación contra Sain por considerar que las objeciones apuntaban a su desempeño como jefe de Seguridad.
Pero el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, revocó esa decisión y designó a Martínez como auditor ad hoc, medida que reactivó el planteo contra el encargado del Organismo de Investigaciones.
Pese a que las denuncias aluden a casos registrados durante su paso por Seguridad, Martínez sostuvo que Sain seguía perteneciendo al MPA ya que había solicitado licencia en el cargo (al que accedió por concurso en 2018) para sumarse al gabinete de Omar Perotti.
En ese contexto, la diputada del PJ Matilde Bruera en la Legislatura provincial advirtió a este diario que la resolución “es una ilegalidad más dentro de una embestida persecutoria contra Sain, que incluye un fallido pedido de juicio político, porque le endilgan hechos que corresponden a su paso por la cartera de Seguridad”.
La bicameral de Acuerdos en la Legislatura es presidida por el diputado provincial frentista Fabián Bastía y la completan siete pares (Clara García, Leandro Busatto, Lionella Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real) y cuatro senadores (Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola).