, el martes de la semana pasada, alrededor de quince familias comenzaron a ocupar ilegalmente un predio particular de la ciudad de Recreo. Por aviso de los vecinos de la zona, se dio cuenta de la situación en progreso a la Municipalidad y también a la Justicia. Finalmente, y tras una serie de negociaciones con los usurpadores, en la jornada de ayer, los asentamientos y construcciones precarias que se habían realizado, comenzaron a levantarse.

Consultado respecto de la situación Orlando Sabbadini, fiscal municipal de Recreo, sostuvo que “debido a la posición firme del municipio de no incluir a las personas en un plan social o de regularización de lotes si continuaban con la ocupación, se empezaron a retirar de a una. De las quince familias que habían llegado en su momento, ahora queda una sola que está a punto de irse, están desarmando las casas precarias que habían armado para poder retirarse”. 

Sabbadini contó que la solución a la ocupación se logró luego de un encuentro con los ocupantes de los terrenos que se llevó a cabo el lunes por la tarde. En ese encuentro, las autoridades municipales lograron convencer de retirarse a las familias que ocupaban el predio, con la promesa de trabajar en una solución de fondo para los problemas que enfrentan. Concretamente, se va a trabajar en la realización de un relevamiento para conocer cuáles son los casos de vulnerabilidad social alta, y así tenerlos como prioridad. “Esta gente se comprometió con el municipio en levantar la ocupación, a cambio de que se pueda gestionar con los propietarios la compra de los terrenos. Casi todos aceptaron la propuesta, aunque hubo algunos que no estaban del todo de acuerdo. Nosotros les volvimos a reafirmar que en esa posición de casi extorsión y práctica delictiva no iba a haber ningún tipo de negociación y se ve que llegó el mensaje y empezaron a levantar de a poco”, comentó el funcionario. 

El fiscal municipal detalló que la idea del Ejecutivo es “ver si se puede llegar a financiar el pago de lotes, a través de una chequera. Es un programa social que estamos por implementar en donde la gente pagará 1.000 o 1.500 pesos por mes y el municipio se pueda encargar de la infraestructura urbana del barrio”. 

Para llevar a cabo este programa, el funcionario indicó que se pedirá asistencia a la Secretaría de Habitat de la provincia y al Ministerio de Desarrollo Social, como también a la Nación. “Queremos encarar todo esto desde los tres estamentos del Estado”, contó y agregó que “la verdad es que el municipio solo no lo puede hacer. Lo importante es que se pudo llevar adelante con firmeza la posición de no negociar en situación de extorsión y la gente lo entendió. Ahora nos queda trabajar en la parte social para ver cómo paliamos los problemas habitacionales”. 

Las personas a asistir

En tanto, Sebastián Lagraña, secretario de Salud, Acción Social y Medio Ambiente contó que “estas personas antes de la usurpación vivían en la zona noreste del conurbano, en el barrio Nobleza. Mucha gente vive ahí y tiene problemas de hacinamiento. Hay dos y hasta tres generaciones viviendo en la misma casa”. 

Lagraña comentó que hay un acuerdo con los dueños de los terrenos y estarían dispuestos a vender las tierras a estas personas. En este sentido, indicó que “la mayoría garantiza que tiene ingresos en negro, y que puede pagar unos 1.000 pesos por mes. Pero claro, al no tener recibo de sueldo no se puede establecer una garantía. Por lo tanto, se establecería un plazo en donde ellos puedan garantizar el pago de 6 meses juntos, a modo de una primera cuota y recién ahí empezar a edificar. Después un plazo de cuotas estimado de acuerdo a lo que arreglen con el propietario”. 

Por último, el Secretario Acción Social subrayó que la prioridad la tendrán las familias con más hijos y así ir estableciendo un orden. “En general, todos garantizaron que tenían algún tipo de ingreso y que una mínima cuota podían pagar. Veremos cómo podemos verificar los ingresos que tienen, para asegurar el cumplimiento en el pago de las cuotas”, finalizó.