Reforma constitucional en Santa Fe: proponen un nuevo sistema para juzgar y remover a jueces y fiscales

La diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini, planteó la necesidad de adecuar las leyes al nuevo texto constitucional. El proyecto propone crear un Jurado de Enjuiciamiento con integración plural, procedimientos públicos y mayores garantías de imparcialidad.

10:41 hs - Sábado 21 de Noviembre de 2026

La reforma de la Constitución de Santa Fe abrió una nueva etapa institucional en la provincia, pero todavía quedan cambios pendientes para poner en práctica los acuerdos alcanzados durante la Convención Constituyente. Uno de los principales desafíos es modificar el sistema de control y enjuiciamiento de quienes integran el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Así lo planteó la diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini, quien advirtió que es necesario adecuar las leyes y los procedimientos al nuevo texto constitucional para establecer reglas comunes sobre cómo investigar, juzgar y eventualmente remover a jueces, procuradores, fiscales y defensores.

En un artículo de opinión titulado "La reforma no termina con la Constitución", la legisladora sostuvo que la provincia mantiene sistemas diferentes para controlar las responsabilidades de los funcionarios judiciales y consideró que llegó el momento de avanzar con la implementación de los cambios aprobados durante la reforma constitucional de 2025.

"Estar en mora no significa que haya que volver a discutir todo. Significa que tenemos que cumplir", afirmó Cattalini, al remarcar que la reforma representó un acuerdo institucional que ahora debe traducirse en leyes concretas.

Un nuevo Jurado de Enjuiciamiento en Santa Fe

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un nuevo Jurado de Enjuiciamiento, previsto en la Constitución reformada, que tendrá a su cargo los procesos para determinar la responsabilidad de jueces, procuradores, fiscales y defensores.

La iniciativa apunta a que todos estos funcionarios respondan ante un mismo ámbito de enjuiciamiento, con reglas comunes y garantías propias del Estado de derecho.

Según explicó la diputada, la integración del organismo será plural y contará con representantes de distintos poderes del Estado y de la abogacía, además de contemplar la participación de las minorías legislativas.

El objetivo es evitar que las decisiones queden concentradas en un solo sector y reducir la influencia de las lógicas corporativas en los mecanismos de control de la Justicia.

Actualmente, recordó Cattalini, la Legislatura santafesina mantiene una fuerte intervención en los procedimientos vinculados con los fiscales, una situación que deberá modificarse a partir de la adecuación de las leyes al nuevo marco constitucional.

Procesos públicos, derecho de defensa y mayor transparencia

Otro de los cambios que contempla el proyecto es la implementación de un sistema acusatorio, con procedimientos que garanticen el derecho de defensa, la producción de pruebas y la realización de audiencias orales y públicas.

La propuesta también establece que las decisiones deberán estar debidamente fundamentadas y publicadas, con el propósito de garantizar transparencia y previsibilidad en los procesos.

Un aspecto central del nuevo esquema será la separación entre las funciones de investigación y acusación y la instancia encargada de juzgar. De esta manera, quien reúna los elementos, formule la acusación y la sostenga ante el Jurado de Enjuiciamiento no será quien finalmente deba resolver el caso.

Para Cattalini, este mecanismo permitirá fortalecer la imparcialidad y evitar posibles conflictos de intereses.

"La reforma fue el gran acuerdo. Ahora viene la etapa de hacerla realidad", sostuvo la legisladora, quien insistió en que la adecuación normativa es indispensable para avanzar hacia un sistema institucional con mayor equilibrio, transparencia y garantías.

La discusión sobre el enjuiciamiento de jueces y fiscales en Santa Fe forma parte de los desafíos que dejó la reforma constitucional de 2025 y que ahora deberán traducirse en nuevas herramientas legales para el funcionamiento de las instituciones provinciales.