El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe dio a conocer un comunicado con el estado de situación de las investigaciones en curso por las amenazas de tiroteos en escuelas que se multiplicaron en las últimas semanas a lo largo de todo el territorio provincial.

El punto de partida del fenómeno fue el homicidio del adolescente de 13 años Ian Cabrera y las dos tentativas de homicidio registradas el lunes 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal. A partir de ese hecho, se desencadenó una ola de amenazas en establecimientos educativos que se expresaron a través de carteles, pintadas y mensajes de tiroteos, en algunos casos acompañados de armas reales, de juguete o material balístico.

404 denuncias en toda la provincia

Al 21 de abril, el MPA contabilizó un total aproximado de 404 denuncias distribuidas en todas las fiscalías regionales de la provincia. La mayor concentración de casos correspondió a la Fiscalía Regional N° 2 con 238 denuncias, seguida por la Regional N° 1 con 75, la N° 5 con 35, la N° 3 con 33 y la N° 4 con 23.

En el marco de esas investigaciones, se llevaron adelante 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en las que se secuestraron aproximadamente 51 efectos: teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.

73 personas identificadas, casi todas menores

El dato más contundente del comunicado es el perfil de los responsables: el MPA identificó al menos 73 personas como autoras de las amenazas, y de ese total, aproximadamente el 95% son menores de edad. La distribución por fiscalía indica 23 identificados en la Regional N° 2, 17 en la N° 3, 15 en la N° 1, 14 en la N° 5 y 4 en la N° 4.

Alerta a adultos por el acceso a armas

Ante el panorama descripto, el organismo dirigió un llamado explícito a padres, familiares y adultos —sean o no convivientes— para que extremen las medidas de seguridad respecto de cualquier arma de fuego o material balístico en el hogar. El MPA subrayó que esos elementos deben permanecer bajo llave, completamente fuera del alcance de niños, adolescentes y jóvenes, en cumplimiento de la ley 20.429, el decreto 395/75 y el anexo 1 de la Resolución del ex RENAR N° 119/18.

"La responsabilidad en la guarda es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo", concluye el comunicado oficial.