"Para ellos, eso no tiene marcha atrás", había dicho el gobernador Miguel Lifschitz respecto de la decisión del gobierno nacional de no renovarle a la empresa Cincovial la concesión de la ruta 11. La fecha límite es el próximo 22 de abril y los interrogantes siguen siendo muchos. Por un lado, la preocupación por el futuro laboral de 120 trabajadores que se quedarían sin empleo en la provincia y, por el otro, la inquietud respecto de la manutención del corredor. Mientras en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe se realizan reuniones con los delegados de los trabajadores con el objetivo de realizar un seguimiento del conflicto e ir analizando soluciones, el gremio Sutracovi planea un nuevo paro de 48 horas con movilización a Buenos Aires.

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Las cabinas que desaparecerían son las de Nelson, Videla, Florencia y Reconquista. Desde el sindicato que nuclea a los trabajadores del peaje indicaron a UNO Santa Fe que el deseo es lograr una prórroga en la concesión que dé tiempo a sentarse en "una mesa y analizar el futuro de las familias".

En tanto, los municipios y comunas que se encuentran a la vera del corredor siguen preocupados por la falta de comunicación por parte de Vialidad. Es que aún desconocen quién se hará cargo de la manutención del corredor y de las emergencias que ocurran sobre la ruta en la jurisdicción de cada pueblo o ciudad.

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La idea de realizar una autopista Santa Fe-San Justo fue descartada de plano por parte del gobierno. El gobierno nacional planea la construcción de una "ruta segura" (la construcción de un tercer carril en algunos tramos) sobre todo el corredor.

La obra se realizará bajo la modalidad denominada "Crema", Contrato de Recuperación y Mantenimiento o PPP (Participación Público Privada). Esta semana, se conoció que el gobierno nacional pospuso la apertura de sobres para la construcción de rutas y autopistas que estaba prevista para el próximo 3 de abril. Los empresarios habrían solicitado más tiempo para conocer en profundidad el nuevo sistema de licitación.

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En diálogo con UNO Santa Fe, la diputada provincial Marita Ayala definió como "difícil" la situación de los trabajadores y sostuvo que existe un gran desconocimiento respecto al futuro de la ruta 11. "Nosotros sabemos que la situación es difícil, somos conscientes de eso. Sabemos la decisión de Nación de cerrar estos peajes pero no sabemos quién se va a hacer cargo de la ruta 11, de su mantenimiento, del cuidado del usuario; qué va a pasar con las comunas", apuntó la legisladora.

La expresidenta comunal de Nelson, una de las localidades más afectadas, insistió: "No hay nada claro sobre cómo se piensa mantener el corredor. No han definido cómo lo van a hacer. Hablaron del programa Crema o PPP pero todavía no hay nada, no está definido en forma contundente. No lo sabemos nosotros, ni los trabajadores".

Consultada sobre el impacto que sufriría Nelson por el levantamiento de la cabina de peaje, describió: "Son fuentes de trabajo importantes, son 22 familias, obreros directos que no solamente dejan todo lo que es su sueldo en la localidad, sino el DRI (Derecho de Registro e Inspección) que estas empresas pagan. Sumado a eso, se deberán hacer cargo de las situaciones de vigilancia y de auxilio y asistencia por cualquier emergencia. Eso significa, mas allá del personal capacitado, la disposición de maquinaria que muchas veces las comunas chicas no tienen.