Desde el gobierno provincial reiteraron que avanzarán con la recuperación de las viviendas usurpadas en el barrio Santa Rita II. El secretario de Estado del Hábitat Gustavo Leone explicó: “Agotaremos todas las instancias de diálogo previo a cualquier desalojo por vía de la fuerza pública, por ello llamamos a las familias para que se acerquen, planteen su situación y tengan confianza de que serán escuchados y atendidos, cada uno en función de su problema, pero siempre sobre la premisa del recupero de las viviendas”.

“El gobierno avanza en el cumplimiento de la sentencia que permitirá la recuperación de las viviendas, siempre preservando las condiciones de seguridad de los vecinos, los trabajadores y los derechos de los más vulnerables por sobre todas las cosas”, añadió el funcionario, quien recalcó que la relación entre el Ejecutivo y los ocupantes de las viviendas será “directa, sin intermediarios ni negociadores”.

En particular, Leone apuntó al líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Sebastián Saldaña, a quien acusó de “llevar a un grupo de gente con necesidades reales a la informalidad e ilegalidad”.

“Saldaña es un vendedor de ilusiones, que ha llevado a todo un grupo con necesidades reales y concretas a la informalidad y la ilegalidad. Pero no sólo eso, envuelve tras su discurso altruista una actitud mercantil y ruin. Hoy se presenta nuevamente como el defensor de los derechos de los damnificados, pero no tiene más que intencionalidad política y económica”.

Gran parte de las familias relevadas el jueves pasado son diferentes a las que estaban en abril de 2012 y la mayor parte de ellas dice haber pagado para tener esta vivienda con valores que van desde los 500 a los 15 mil pesos.

“Nos preguntamos qué pasó con aquellos que ocuparon el plan por abril de 2012 para resolver su problema de falta de vivienda, invocando su necesidad como fundamento de la usurpación. Nos preguntamos cuántas de estas ventas de viviendas habrán ido a parar al bolsillo de Saldaña, o al funcionamiento de su organización o a los honorarios del abogado que supo dilatar la sentencia judicial por más de un año”, agregó.

“Se trata de un proceso complejo, en el cual hay familias involucradas, muchas conscientes de la situación de ilegalidad en la que se encuentran y otras no tanto”, dijo el funcionario.

“Por ello es realmente importante que los medios de comunicación tomen todo este proceso con la responsabilidad y seriedad que reviste la complejidad del tema. Se combinan en este caso la necesidad con la picardía y es importante poder tener la claridad suficiente como para separar la paja del trigo, evitando injusticias”, finalizó.

En proceso

Cabe recordar que el gobierno provincial informó que en las primeras horas de este jueves se dio inicio al cumplimiento de la sentencia judicial que habilita el proceso de desalojo del barrio intrusado. El conjunto habitacional fue usurpado oportunamente por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyos principales referentes se encuentran procesados. El proceso consiste en la notificación de un plazo de 48 horas para el abandono pacífico del barrio por parte de sus ocupantes irregulares y la identificación de la situación de calle de las familias involucradas, con base en el relevamiento que oportunamente fuera aportado a la Justicia, hace más de un año, por parte del gobierno provincial.

A través un equipo multidisciplinario, compuesto por integrantes de los Ministerios de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, y de la Secretaría de Estado del Hábitat, 14 grupos comenzaron a notificar el inicio del proceso de desalojo del barrio en cuestión y constatar la situación habitacional de los ocupantes del predio. En el proceso, los trabajadores sociales entregaron un acta donde se los notifica para que dentro de las 48 horas subsiguientes abandonen el lugar en forma pacífica, en sintonía con lo establecido por la sentencia judicial.

“Estamos dando cumplimiento a lo que dispuso la jueza Valenti hace más de un año y que luego de sucesivas apelaciones finalmente quedó como sentencia firme”, explicó Gustavo Leone, secretario de Estado del Hábitat, quien aseguró que la voluntad de la Casa Gris siempre fue la de “recuperar esas viviendas para poder asignarlas entre las familias que legítima y pacientemente esperan una solución habitacional en los registros de la Dirección Provincial de Vivienda, sin tomar nada por la fuerza, ni en forma intempestiva”.