Por la ausencia del juez Reinaldo Rodríguez se suspendió ayer la indagatoria de Fabricio Javier Abasto, uno de los cinco policías (pasados a disponibilidad hace poco más de dos semanas) imputados por sedición.  Abasto se enteró del aplazamiento de la indagatoria cuando llegó con su abogado defensor a las oficinas de Monseñor Záspe y 9 de Julio y le informaron que el magistrado había viajado a Paraná, para dictar una conferencia  en el marco de la “Primera Jornada Regional de Derecho Electoral”, una actividad que fue publicitada por el Centro de Información Judicial (CIJ) hace más de una semana. 

Con la ausencia de Rodríguez, el juez federal nº2, Francisco Miño quedó como juez subrogante, pero tampoco tomó la indagatoria. Al cierre de esta edición no se conocían los fundamentos de Miño para no avanzar pero, fuentes judiciales indicaron que significaba ponerse al día con un expediente de más de siete cuerpos  por una sola jornada, ya que hoy las audiencias las retoma el juez Rodríguez. 

Así, la declaración de Abasto, una de las más importantes  - junto con la del expolicía y titular de Apropol, Alberto Martínez -  en la investigación  por el levantamiento policial de diciembre del año pasado fue reprogramada para el 19 de diciembre. 

La de Abasto es una de las declaraciones claves de la causa. Él prestaba funciones en el Centro de Control y Monitoreo por Cámaras del Ministerio de Seguridad. La investigación lo enrola como la mano derecha de Martínez y el ejecutor de las indicaciones que daba el líder de Apropol, el gremio no reconocido de los policías. 

Sobre Abasto pesan dos hechos puntuales: haber sido uno de los que bloqueaba los portones de la Unidad Regional I, para impedir la salida de patrulleros y de haber viajado a la ciudad de San Justo para instigar la huelga entre los policías de esa localidad. Tanto Abasto como los otros cuatro policías (Oscar Alberto Aguirres, Mauricio Miguel Pagani, Claudio Marcelo Patiño y Alejandro Zamaro) estaban en actividad cuando se produjo el levantamiento por lo que se les imputa el delito de sedición.  Mientras que a Martínez, que es expolicía y que ya no pertenecía a la fuerza en diciembre del año pasado, se lo acusa de instigar a cometer delitos, tanto por teléfono como por las redes sociales, pero sobre todo a partir del rol  de líder de los agentes sublevados que asumió en el contexto del conflicto.

Para conocer la versión de Martínez también habrá que esperar. Por pedido de su abogado defensor, Romeo Díaz Duarte, su indagatoria se reprogramó para después de la feria judicial de verano.   

La agenda de indagatorias continua este miércoles con la declaración de Patiño, mientras que el jueves será el turno de Aguirres. Por su parte, Pagani y Zamaro fueron citados para el martes y miércoles de la semana próxima respectivamente. 

“No hay dudas de las características que tuvieron los acontecimientos del 2013. Con lo cual no existirían a criterio de la fiscalía preguntas destinadas a reconstruir en qué consistió el hecho sino a establecer si la persona interrogada tuvo o no responsabilidad en los hechos que notoria y públicamente han ocurrido”, sostuvo ayer el fiscal Walter Rodríguez.

Las acusaciones abarcan, además de la omisión del servicio, delitos diversos como la destrucción o el daño a bienes públicos como patrulleros, el sabotaje de las comunicaciones al 911 y la intimidación generalizada que significó realizar concentraciones frente a los lugares desde donde debían salir los móviles policiales. 

La investigación se inició el 5 de diciembre pasado cuando a pedido del gobernador Antonio Bonfatti, el fiscal de Estado Pablo Saccone denunció a Apropol como responsable de incitar los acuartelamientos de los uniformados santafesinos y favorecer los saqueos que se suscitaron en distintos puntos de la provincia. La denuncia recayó en el fiscal Rodríguez, quien solicitó sin éxito en tres oportunidades la indagatoria de los imputados, hasta el 21 de octubre pasado, cuando el titular del Juzgado Federal N°1 de la provincia hizo lugar al requerimiento.