El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, dijo que serán alrededor de 70 millones de pesos los que tendrá que pagar en un año la Municipalidad de Santa Fe si se hace cargo del costo de la energía que se utiliza para el alumbrado público. "Resta ver cómo se va a abonar, porque sí o sí tiene que seguir abonándose", dijo en conferencia de prensa y aseguró que "es un monto muy importante para las finanzas municipales".

Durante varios fragmentos de la conferencia, Farías se preguntó de dónde sacará la plata el municipio santafesino para hacer frente al pago de la energía ya que aclaró que ese monto no está en el presupuesto municipal.

En ese marco, UNO Santa Fe le preguntó al ministro si había temor de que la Municipalidad no pague y respondió: "No, eso era parte de los problemas que había antes y por eso se cambió el sistema. Al recaudarlo directamente por la factura de los usuarios, la EPE se garantizó el pago. Antes tenían problemas de cuando pagaban o no pagaban los municipios".

"No creo que volvamos a esa situación. Sería muy grave porque eso lleva a una forma de distorsión nuevamente del mercado eléctrico. Empiezan a producirse déficits, subsidios cruzados y ese tipo de cuestiones que no son buenas y que quedó demostrado y por eso estamos en la situación energética que está el país. Lo que nosotros decimos es que nos resta ver cómo la Municipalidad va a afrontar este pago", insistió.

"Antes lo hacía cobrando junto con la tasa municipal -agrega-, era parte de ese concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza. Se dejó de cobrar por ahí porque se percibía a través de la factura de energía. Ahora no va a suceder eso y resta ver cómo se va a recaudar y cómo van a afrontar el pago de este monto".

Luego completó: "La Municipalidad no tiene este monto presupuestado para atender ese costo, por lo tanto lo va a tener que tomar de algún lado o lo va a tener que recaudar de otra forma con los vecinos. No lo sabemos porque eso todavía no fue anunciado".

—El intendente José Corral dijo que va a pelear foco por foco para saber cuál es el consumo del alumbrado de la ciudad. ¿Pueden surgir diferencias en las mediciones?

—No, en absoluto. Me parece bien que el municipio empiece a hacer un control más exhaustivo del consumo en el alumbrado público. Y que se pague lo que se tiene que pagar. Lo que quiero dejar en claro es que esto no es un impuesto, es el pago de un servicio por un consumo eléctrico determinado y que si no lo paga el usuario directamente en su factura, lo tiene que pagar el municipio y de algún lado va a tener que obtener los recursos.

En cuanto a la renuncia del presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Raúl Stival, Farías lo definió como "un cambio operativo" y que la idea es "darle un nuevo impulso a la empresa" pero que "el alejamiento obedece a razones personales de Stival". Asimismo dijo que la designación de Neri va en el sentido en el que se viene trabajando con las empresas del Estado.

"La política energética y de tarifas es nacional. Nosotros venimos pagando un precio muy elevado. Las dos facturas que como Estado nosotros tenemos es antes de los incrementos y la nueva donde se incrementó el valor de la energía más de 20 veces. No tenemos otra forma que no sea trasladarlo al usuario porque no hay forma de que podamos absorber esos incrementos. Lo que el gobernador viene planteando es que hay que rever la forma en que se quitan los subsidios porque producen un impacto muy fuerte en los bolsillos de todos y que es difícil de asimilar. Y tiene impacto en la economía", señaló.

La rescisión del convenio

En el convenio firmado en enero de 1996 por el entonces interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Antonio Caro, y el en ese momento intendente de Santa Fe, Horacio Rosatti, establece que el acuerdo se puede rescindir unilateralmente en cualquier momento pero con un preaviso de 90 días.

Hasta la media tarde de este miércoles el Ejecutivo municipal no había enviado ninguna notificación oficial sobre la decisión de rescindir el convenio ni a la Empresa Provincial de la Energía ni al Concejo Municipal.

Para tomar una dimensión de lo que significa la erogación que tendrá que hacer el Ejecutivo local a partir de la rescisión del convenio, hay que decir que en el último presupuesto municipal la partida para la compra de equipamiento es de unos 66 millones de pesos. También se puede mencionar que la inversión que tendrá que hacer el municipio equivale prácticamente a tres jardines municipales como el que se hará en barrio Chalet, que a fines del año pasado se presupuestó en 24 millones de pesos.

El bono

El gobernador decidió luego de hacer un análisis de los aumentos en la canasta familiar que hubo tanto a nivel nacional como con los datos que arrojó el Ipec, que en este primer trimestre del año superó la expectativa inflacionaria que había, no solo en el Presupuesto nacional sino también la de muchas consultoras privadas.

"La cláusula gatillo siempre estuvo presente. Nosotros la pusimos desde el primer momento en la discusión de la mesa paritaria. Antes funcionaba al final sobre el 18% anualizado y que es parte de la propuesta salarial. Ahora se planteó una nueva redacción de esa cláusula, que permite hacer una revisión intermedia. Eso lo vamos a extender a todos los trabajadores de la administración central", manifestó el ministro de Gobierno.

"Si en mayo, cuyos datos se conocen en junio, hubo un aumento superior a lo otorgado en el primer tramo de aumento, es decir sobre el primer 9%, ese incremento se va a trasladar a la suba salarial de los meses de junio y julio. Lo que se va a hacer es distribuir el aumento de agosto con un adelantamiento del porcentaje para junio y julio dependiendo de cuánto es la inflación en mayo".

"Además, vamos a otorgarle por una única vez a los trabajadores de la administración central un bono, una bonificación no remunerativa de $2.500. El pago se realizará por planilla complementaria en mayo, después de que se realice el pago de los salarios. Seguramente después del 20 de mayo", adelantó el funcionario.

El ministro aclaró que el bono es solo para activos y que la voluntad "es extenderlo a toda la administración central, incluyendo la policía". Pero aclaró que "no incluye a empleados del Poder Legislativo ni Judicial". Además aún resta definir la situación de los profesionales de la salud porque la paritaria todavía no está cerrada.

Por último mencionó que se harán los descuentos para los agentes de la administración central que se plegaron al paro y que "no hay ninguna resolución al respecto todavía" que indique lo contrario.