La Unión Docentes Argentinos (UDA) presentó una denuncia formal contra el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que consideran una “grave vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación”.

La información fue confirmada por el abogado de la entidad gremial, Víctor Bracamonte, quien señaló que la presentación ante el organismo internacional responde a “una serie de prácticas antisindicales” desplegadas por el Ejecutivo santafesino. Entre ellas, mencionó la exigencia compulsiva de declaraciones juradas de prestación de servicios en el marco de huelgas docentes, medida que calificó como “intimidatoria y carente de sustento legal”.

“La denuncia es una reacción sindical en defensa de los docentes, que padecen medidas coercitivas ante la decisión orgánica de realizar paros”, explicó Bracamonte. Según el abogado, estas acciones configuran una violación directa a la libertad sindical y al derecho constitucional de huelga, contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

El letrado también denunció que estas declaraciones juradas obligatorias tienen el objetivo de registrar la adhesión a las medidas de fuerza “con fines claramente persecutorios”, lo que, a su juicio, vulnera además la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y el derecho a la autodeterminación informativa.

Bracamonte advirtió que “el salario tiene carácter alimentario y en Santa Fe la mayoría de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza”. En este sentido, criticó duramente la falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno provincial, al que acusó de “resolver unilateralmente los sueldos docentes desde el 10 de diciembre de 2023, sin convocar a la mesa de negociación y fijando montos muy por debajo de las necesidades del sector”.

“La Unión Docentes Argentinos confía en que el Comité de Libertad Sindical de la OIT tomará debida nota de esta grave situación y exigirá al Gobierno de Santa Fe el cese inmediato de estas prácticas antisindicales”, concluyó el abogado.