Después de muchos años de lucha del movimiento de mujeres se intenta darle institucionalidad a dos temas muy importantes. Por un lado, el jueves pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de la legisladora Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS) para la creación por ley del Registro de Objetores de Conciencia en la provincia. Por otra parte, está todo acordado para que en la próxima sesión se trate la iniciativa de la diputada Mariana Robustelli (Movimiento Evita-FPV) que propone que Santa Fe adhiera por ley a la “Guía técnica para atención de abortos no punibles”.Ambos proyectos son considerados por sus autoras como complementarios, ya que van en una misma dirección: institucionalizar los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El jueves pasado el ministro de Salud, Mario Drisun, se reunió con un grupo de diputadas, diputados y representantes de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y Rosario. Allí Drisun tuvo que dar cuenta en términos generales sobre cómo la provincia estaba garantizando el acceso a la salud de las mujeres, a la interrupción legal del embarazo (ILE) y el registro de objetores de conciencia. Hasta el momento ambas situaciones están normadas por un decreto ministerial, algo que Gutiérrez y Robustelli consideran que se debe profundizar con el peso de una ley.Gutiérrez aclaró que la objeción de conciencia no es aplicable solamente para la interrupción del embarazo, sino también para muchas otras prácticas. “El Registro de Objetores de Conciencia puede incluir desde recetar anticonceptivos o colocar un DIU, pero en este caso también para la interrupción legal del embarazo al cual solo pueden acceder las mujeres que fueron violadas o que corren riesgo su vida, su salud, por su embarazo”, explicó.“En estas dos condiciones, con solo concurrir a un efector público y/o privado, pero nosotros estamos garantizando un efector público, accederán a ese derecho. Lo que está pasando es que en muchos servicios la totalidad de sus integrantes se declaran objetores de conciencia y el Estado está obligado a garantizarle a esas mujeres que puedan acceder a la interrupción del embarazo en las condiciones de seguridad que garantiza la ley”, agregó.La media sanción que consiguió el proyecto de Gutiérrez no fue por unanimidad. El PRO votó en contra y el encargado de argumentar la decisión de ese bloque fue Norberto Nicotra. El legislador dijo que en general estaban de acuerdo con la creación del Registro de Objetores de Conciencia, que definió como “un acto de tolerancia que tiene implicancias morales y éticas”.Sin embargo, dijo que no acompañarían el proyecto por el artículo 10 de la norma. “Es un gran contrasentido de la ley”, dijo Nicotra y agregó: “Si estamos hablando de tolerancia, de respetar la opinión del otro, de que nadie tiene la verdad revelada, que en la ciencia es todo relativo desde (Albert) Einstein a esta fecha. El artículo 10 implica que los profesionales que se registran como objetores están inhabilitados para ejercer un cargo de director. Podemos tener el mejor profesional, pero como hizo uso del registro por una cuestión personal lo van segregando. Esta es una idea bastante autoritaria”.A su turno Gutiérrez le respondió que “el Estado no se puede dar el lujo de que se escapen un montón de mujeres a las cuales no les llega el derecho que tienen de que se les haga un aborto no punible cuando así les correspondiere”.“Nosotros creemos que esa objeción de conciencia no les da el derecho de privar, precisamente de un derecho humano fundamental a las mujeres, como es el derecho a la salud”, dijo la diputada que explicó que ese artículo no permite que el objetor integre o dirija el servicio de ginecología o de salud sexual y reproductiva, pero no impide que el profesional se desempeñe en otro servicio o sea director de un hospital.“Si no veamos lo que sucedió en el hospital Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe y en el Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. Como allí el director del servicio era objetor, todos los demás se declararon objetores. Inclusive llegaron a decir que era un servicio objetor y eso no existe. La objeción de conciencia es absolutamente personal. Por eso creo que nosotros tenemos que garantizar el derecho de las mujeres que quieran hacerse un aborto no punible y también de las que no quieren”, expuso. Garantizar la ILE La provincia hoy está garantizando con un decreto la aplicación del protocolo nacional para la atención de abortos no punibles. Sin embargo, un paso que daría mayor solvencia a los derechos de las mujeres sería institucionalizar por ley cómo deben actuar los profesionales ante esos casos delimitados por el Artículo 86 del Código Penal, desde 1921.Por un lado los integrantes del servicio estarían obligados a cumplirlo y, por otro, los jefes de servicio estarán obligados a hacerlo cumplir. Pero, además, una ley garantizaría que eso no pueda ser modificado tan fácilmente.Para Robustelli, adherir al protocolo por ley también “respalda a aquellos profesionales que efectivamente hacen lo que tienen que hacer y le garantizan no solo la información necesaria a la mujer que se acerca a los efectores de salud por las diferentes causales que está contemplada la no punibilidad del aborto, sino también a efectivizarles el derecho”.“Mientras que los médicos que así no lo hicieran, excepto quienes sean objetores de conciencia, están entrando en la comisión de un delito porque lo que no estarían cumpliendo es una legislación provincial y un protocolo nacional”, añadió.A pesar de considerar que estos son avances muy importantes, Robustelli mostró su preocupación. “Hay resistencia de una parte de la corporación médica, que nosotros llamamos antiderecho, y que no solo no brindan la información necesaria a las mujeres, sino que muchas veces incurren en prácticas intencionales que confunden, desinforman. Hay una problemática importante en el norte de nuestra provincia donde en muchos efectores de salud todos los profesionales que lo componen son objetores de conciencia. Si bien esto es una responsabilidad directa del Ministerio de Salud para garantizar esos derechos, este proyecto le dará el peso imperativo de la ley al derecho que tenemos las mujeres”. Hipólito Ruiz / hruiz@uno.com.ar