Varios santafesinos comenzaron a recibir mensajes de texto en sus teléfonos móviles que provienen de las compañías que les proveen el servicio para invitarlos a participar de la elaboración del nuevo Reglamento de Usuarios de Comunicaciones Móviles. La herramienta fue creada por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaría de Comunicación de la Nación para mejorar la posición de los usuarios frente a las empresas.

El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Santa Fe, Franco Ponce de León, le dijo a Diario UNO que esta instancia “es un paso adelante” ya que la telefonía móvil, junto a la telefonía fija y las garantías de los electrodomésticos, “está en el top tres en denuncias que recibe la oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Santa Fe”.

“Día a día tenemos reclamos de los santafesinos por estos casos. Por eso es un paso positivo que todos podamos opinar. Igual hay que aclarar que esto es un proyecto, por lo que no quiere decir que lo que esté ahí o lo que se esté discutiendo en ese reglamento ya sea definitivo. Pero vemos como positivo que todos los usuarios, ya sea en forma personal o a través de asociaciones, puedan participar elaborando sus propuestas y planteando sus ideas”, expresó.

Según el funcionario municipal, entre los puntos positivos que tiene el reglamento hay varios que están relacionados con los reclamos que se presentan habitualmente en la oficina de Defensa del Consumidor.

Entre otras cuestiones, dijo Ponce de León, el documento contemplaría que haya una vigencia de 180 días corridos para las recargas que se hagan a través de los prepagos; en el caso que haya una interrupción en el servicio se van a acortar los plazos para dar algún tipo de respuesta; que las acreditaciones de los montos, en el caso que haya este tipo de inconvenientes,también se modifican en sus tiempos; hay un punto donde se obliga a las empresas a brindarles una mayor cantidad de información a los usuarios.

“También se toma a los mensajes no deseados y a la suscripción de contenidos de aplicaciones que sí o sí para tener llegada a nuestro teléfono las empresas deben tener la aceptación de los usuarios; en este proyecto se plantea que tanto en los planes pospago como los prepago haya contrato; también dice que en los contratos debe figurar que las condiciones de financiación o las bonificaciones de los equipos no exijan la permanencia del usuario o que se supedite en el derecho de rescisión contractual a la cancelación de la suma adeudada por el usuario”, apuntó.

“Por otra parte –añadió–, se contempla la creación de una clave personal; que ante cualquier notificación de la empresa con los usuarios se haga a través del correo postal, salvo que los usuarios requieran que la comunicación se efectúe de manera electrónica; que antes de realizar cualquier modificación al contrato se notifique con 60 días de anticipación al usuario para que éste tenga la posibilidad de rescindirlo en caso de que no acepte esas modificaciones”.

—¿Qué es lo que está faltando contemplar en este proyecto?

—A priori, lo que uno pudo ver es que en este reglamento se sigue manteniendo la liberación de precios. Si bien el Gobierno puede por razones de interés público debidamente justificadas establecer algunas restricciones, aún no se plantea nada de que haya instancias de audiencias públicas ni nada por el estilo para definir un aumento de precios. De esa manera, las empresas lo podrán hacer de acuerdo a su criterio. Y lo que nos parece muy importante, y es algo en lo que debemos trabajar fuertemente todos, es que la telefonía móvil debe ser declarada servicio público. Eso nos daría un marco regulatorio y normas claras para las empresas y para los usuarios.

“Además, tenemos que trabajar para que las empresas de telecomunicaciones hagan las inversiones necesarias. En estos días, sólo para tomar como ejemplo, una de las empresas de telefonía móvil tuvo un apagón (ver aparte) dejando a miles de usuarios, en este caso de la provincia de Buenos Aires, sin servicio. Pero también lo hemos vivido en la ciudad de Santa Fe con otras empresas de telefonía móvil por lo que debemos trabajar fuertemente para que las inversiones se hagan y para ir al núcleo de la cuestión que es que la telefonía móvil sea sancionado y reglamentado como servicio público”, agregó.

—¿Este proyecto es un paso previo a tomar a la telefonía móvil como un servicio público o es un proyecto que elude llegar a esa instancia?

—Esas son conjeturas que las podremos ver con el tiempo. Si hubiese una decisión política de hacerlo en el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en Senadores, hay varios proyectos de diferentes bancadas planteando que la telefonía móvil sea un servicio público. Hay que decir que hoy la telefonía móvil no es un bien de lujo sino algo que utilizamos todos a diario y no sólo para comunicarnos,sino también para trabajar, para estudiar. En definitiva es algo habitual a todos los argentinos. Esperamos que esto sea un paso previo, pero no lo podemos confirmar.