El expresidente del Ente Portuario de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, vuelve hoy a los tribunales santafesinos para pedir que se revierta el fallo que a fines de agosto lo procesó por dos delitos contra la administración pública. La audiencia está prevista para las 9, en la sala de audiencias número 5, en el primer piso del Palacio de Justicia y estará a cargo del juez de Cámara, Sebastián Creus. Vorobiof tiene como abogado defensor a Roberto Büsser y la acusación estará a cargo de la fiscal de Cámara, Liliana Lauxmann quien estará acompañada por el fiscal que instruyó la investigación, Jorge Andrés. 

Concretamente, Vorobiof intentará desandar el avance de la investigación que lo tiene como imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) en dos hechos, en concurso real con el delito de peculado (artículo 261 del Código Penal), también en relación a dos hechos.

Entre las pruebas más fuertes que pesan contra el exfuncionario están los vínculos familiares de Vorobiof con los titulares de las empresas Rumbo Portuario SRL y Casco Felipa, las dos que se adjudicaron la mayor cantidad de obras en el Puerto de Santa Fe. En el procesamiento, el juez Pegassano consideró que las pruebas que demuestran la activa e interesada participación de Vorobiof en las empresas son “abrumadoras”. 

La empresa del yerno

En el primero de los hechos que Pegassano analizó en su resolución fue la creación de la empresa Rumbo Portuario SRL, una entidad que el imputado fundó (mientras era presidente del Ente Portuario) junto a Fernando Molinari y Sebastián Alonso, cuyos titulares según el contrato social son Rodrigo Fabián Carelli y Mariela Guadalupe Oroño, y que era administrada por Sergio Vázquez, el esposo de Cecilia Vorobiof, hija del imputado.

El juez consideró que Vorobiof favoreció a esa empresa adjudicándole obras dentro de la jurisdicción del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, por un valor total de 1.459.054,30 pesos, durante los años 2011 a 2013.

El otro hecho en el cual el juez Pegassano considera que se configuró el delito de negociaciones incompatibles con la función pública fue cuando Vorobiof, como presidente del Ente Portuario favoreció a la empresa Casco Felipa, perteneciente a su cuñado Gustavo Simón Banchik –hermano de su cónyuge Mónica Banchik– y a la cónyuge de aquel Alejandra Casco, adjudicándole obras dentro de la jurisdicción del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe.

Esas obras fueron la refacción office-cocina por un monto de 49.950 pesos; una obra arquitectura apostadero por un monto de 221.900 pesos; acondicionamiento galpón número cinco por un monto de 27.499,67 pesos; adicional obra arquitectura apostadero por un monto de 26.701,07 pesos; reparación galpón número cinco por un monto de 121.000 pesos y provisión de agua para apostadero por un monto de 12.826 pesos. Todas estas obras conforman un monto total de 4.59.876,74 pesos, y fueron adjudicadas durante los años 2011 a 2013.

Ilícito aunque beneficie al Estado

En este marco, el juez Pegassano consideró que como presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe (Eapsf), Vorobiof tenía facultades decisorias y que, aunque estuviera avalado por el Directorio, ello no le quita responsabilidad porque para la consumación del delito de negociaciones incompatibles, no se requiere que la intervención sea exclusivamente propia, sino que también se da la autoría en los casos de cogestión administrativa.

“El interés que inserta el funcionario ya actúa como requisito típico sin que haya necesidad de que se trate de un interés contrapuesto al de la administración. Puede estar constituido por una pretensión que beneficie al Estado, sin que por ello el hecho pierda su ilicitud. En el delito de negociaciones incompatibles, el bien jurídico protegido es el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no solo sea plenamente imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad”, detalló el juez en su resolución.

El otro delito que el juez Pegassano le imputa a Vorobiof es el peculado y –para el magistrado– se configuró en dos situaciones puntuales. Una de ellas fue cuando Vorobiof, también en el cargo de presidente del Eapsf, promovió y fomentó que el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe asumiera el contrato celebrado con la firma Caro Engler UTE el 10 de octubre de 2011, para la construcción de calles internas dentro del predio del Puerto. 

En el acuerdo,además había sumado otras obras secundarias y la cifra total ascendía a 14.833.853,12 pesos. Todas las etapas de la obra estuvieron marcadas por incumplimientos en los avances.