La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, volvió a cuestionar una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre la asignación de espacios en edificios judiciales en construcción y reclamó que se respete lo establecido por la nueva Constitución provincial.

Tras el acto de apertura del Año Judicial realizado en la ciudad de Santa Fe, Vranicich reiteró sus críticas a la resolución que aprobó el máximo tribunal el pasado 24 de febrero, mediante el Acta Acuerdo N.º 4, vinculada a la distribución de espacios en edificios judiciales en obra.

La medida alcanza a construcciones previstas en Venado Tuerto, Casilda y la capital provincial, y limita la posibilidad de que los ministerios públicos de la Acusación y de la Defensa compartan esos inmuebles.

“Nosotros ya dimos una respuesta por escrito y estamos esperando una contestación de parte de los siete ministros de la Corte”, señaló la fiscal general ante la consulta de los periodistas.

Según sostuvo Vranicich, la nueva Constitución provincial establece en una cláusula transitoria que no puede modificarse el destino de los inmuebles ya asignados al Ministerio Público de la Acusación Según sostuvo Vranicich, la nueva Constitución provincial establece en una cláusula transitoria que no puede modificarse el destino de los inmuebles ya asignados al Ministerio Público de la Acusación

El reclamo por el Anexo del Palacio de Justicia

El planteo del Ministerio Público de la Acusación se centra particularmente en el Anexo del Palacio de Justicia que se construye en la capital provincial, donde originalmente estaba previsto que funcionaran dependencias de fiscales y defensores.

Según sostuvo Vranicich, la nueva Constitución provincial establece en una cláusula transitoria que no puede modificarse el destino de los inmuebles ya asignados al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa sin el consentimiento de esos organismos.

“Nosotros solamente le estamos pidiendo a los ministros de la Corte nada más ni nada menos que cumplan con la nueva Constitución”, afirmó.

“Es como un divorcio institucional”

En su explicación, la fiscal general comparó el proceso de separación institucional entre el Poder Judicial y los ministerios públicos con un “divorcio”. “En la Procuración General de la Nación, cuando atravesaron este proceso después de la reforma del 94, lo describían simbólicamente como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así”, señaló.

También cuestionó que la decisión de la Corte se haya tomado antes de abrir una instancia de diálogo entre las instituciones. “El diálogo viene antes de las decisiones. Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo”, remarcó.

Edificios del sistema penal

El planteo también alcanza a otros edificios judiciales en construcción destinados al sistema penal, como el que se levanta en Casilda, donde se prevé inaugurar un Centro de Justicia Penal.

Vranicich sostuvo que el MPA no firmará convenios que impliquen una “ocupación precaria” de esos espacios, ya que —según indicó— forman parte de la planificación institucional del organismo desde antes de la reforma constitucional.

“Nos ofrecen una posesión precaria que permitiría que el Poder Judicial pueda retirarnos del edificio si lo necesita. Eso no corresponde”, explicó.

Posible intervención de la Corte nacional

Ante la falta de acuerdo, la fiscal general no descartó que el conflicto escale a instancias judiciales superiores. “Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso ya hicimos una reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad del Ministerio Público”, advirtió.

De todos modos, insistió en que la prioridad es alcanzar una solución mediante el diálogo institucional con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. “Esperamos llegar a buen puerto”, finalizó.