Santa Fe
Martes 20 de Febrero de 2018

La Justicia les dijo "no" a los Gigliotti y Kiki no volverá con ellos

El fallo, de hace 15 días, fue informado este martes a la Subsecretaría de Niñez. Destaca que el organismo se ajustó a las normas y que, por tal razón, el caso no se puede judicializar.

La jueza Susana María Romero resolvió rechazar el pedido de una medida cautelar de la pareja compuesta por Sergio Gigliotti y Cristina Morla y de ese modo se frustró el intento de esta familia solidaria de volver a tener consigo a "Kiki", un niño de tres años que tuvieron durante casi dos años a cargo y que lucharon por adoptarlo.


El planteo de no innovar llevado adelante por el defensor general cuestionaba "que el acto por el que la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe decide la modificación de la situación del niño, resulta ser un acto ilegítimo por el cual se afectan derechos y garantías constitucionales del mismo provocándole un daño actual, por ello considera indispensable hacer cesar los efectos nocivos del acto, retrotrayendo la situación al estado anterior a su ejecución, restituyendo el niño a la Familia Solidaria que lo tenía bajo su cuidado hasta el 18/01/2018".


Ese día, durante la mañana, esta pareja tuvo que dejar al niño en la Secretaría de Niñez, generándose una situación de alto dramatismo que fue seguido minuto a minuto por medios de comunicación. Además, varias personas fueron esa mañana a la sede gubernamental donde sucedió todo esto, a brindarle su apoyo a Gigliotti y Morla.



Embed



Fundamentos

El fallo de Romero indica que "la legitimidad del acto administrativo debe ser evaluada a la luz de la Ley Nacional 26.061 y Provincial 12.967 vigentes en materia de niñez, de conformidad a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esta normativa establece claramente cuál es el órgano obligado y facultado a la adopción de las medidas de protección. Así, la carga y potestad de decidir sobre la aplicación, modificación, sustitución y/o cese de una medida de dicha naturaleza es de competencia exclusiva del órgano administrativo competente local". En este caso, la Secretaría de Niñez.


"La autoridad administrativa del ámbito regional y la autoridad de aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada alguna medida de protección excepcional y definir la modalidad de esta (cuidado en medio familiar alternativo, en ámbito institucional, etcétera)", agrega el fallo.


El texto añade: "Por los argumentos antes vertidos, no cabe duda que la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo competente, se encontraba legitimado para efectuar el cambio de alojamiento del niño, contando con la previa evaluación de su equipo profesional para la determinación de la decisión tomada, fundamentándose en garantizar el vínculo fraterno con su hermano menor, quien reside en otra localidad y en otras circunstancias que han evidenciado un inadecuado rol de la familia solidaria".


Respecto a la actuación de la subsecretaría, dice la resolución que "efectuó en tiempo y forma el correspondiente control de legalidad, realizando las observaciones pertinentes e intimando al organismo administrativo a que previa firmeza de dicho decisorio –dictado el día 24/10/2017–, impulse de inmediato los autos conexos sobre resolución definitiva de la medida con propuesta de declaración de estado de adoptabilidad, encontrándose a la fecha pendiente el cumplimiento de la notificación a la progenitora".


Subraya Romero que la Justicia solo podría intervenir "si hubiera una violación del interés superior del niño, circunstancia que no se evidencia en el presente ya que el menor se encuentra bajo un sistema de protección instaurado por el Estado, con garantía de todos sus derechos".


El fallo resalta que "el Programa Familias Solidarias, una modalidad del Programa de Acogimiento Familiar en el marco de la promoción, protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes carentes de cuidados parentales, creado por resolución Ministerial del Área Desarrollo Social Nº 181/2012, reformulada mediante la Nº 378/2017, en cuya virtud la autoridad de aplicación resulta ser la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, tiene como objetivo primordial brindar un ambiente familiar estable, en el que un niño pueda recibir cuidados, atención y educación necesaria que faciliten su desarrollo integral, sin perder su identidad de origen y hasta que se resuelva su situación singular, que puede implicar el retorno a su familia biológica o a una adoptiva, inscripta en el Registro de Adoptantes. Tiene el objeto de evitar la institucionalización y es de carácter transitorio ya que el propio órgano de aplicación puede darlo por finalizado si así lo evalúa el equipo profesional perteneciente al Programa. Estas familias, en un profundo acto de amor y solidaridad, cumplen una función específica de acompañamiento y deben posicionarse en ese rol frente al menor de edad. A tal efecto, firman un acuerdo en el cual se les hace saber los alcances del programa y las condiciones, teniendo la plena libertad de aceptarlas o no, pero una vez suscripto, el deber de cumplirlas, independientemente de la mora del Estado y de la falta de controles suficientes, cuestiones que deberán ser revisadas por el Ministerio correspondiente".


"En este marco –agrega el texto–, el vínculo afectivo se va a establecer siempre, sin perjuicio del tiempo transcurrido, que en el presente caso es exactamente un año y siete meses. Este vínculo debe existir, es necesario para que ambos, adulto y niño puedan relacionarse positivamente y brindarse un trato familiar, sin abandonar la convicción de que se constituyen como complementarias de la familia de origen, y sin pretender desplazarlas o sustituirlas".



Embed



Padres e institución

La jueza Romero remarca: "La problemática se genera, en mi entender, cuando tal finalidad del programa se desvirtúa, y es que, desde el vamos, quienes ingresan al programa deben autoasignarse el rol que se han comprometido a ejercer (y no otro), pues lo contrario indicará que el devenir del niño en el proceso que vivencia resultará complejo. Y está claro que la falta de comprensión o confusión de sus funciones, también cae bajo la órbita de la responsabilidad de la autoridad administrativa, la cual, en uso de sus potestades, debe ir modificando pautas y ajustando criterios de seguimiento y evaluación permanente de la situación del niño y de los adultos responsables insertos en aquel".


Por eso "resulta menester y prioritario replantear o reformular estrategias de trabajo que las eviten apuntando –como ya se anticipara– a acortar los tiempos de la actuación y ahondar en el seguimiento de las situaciones que son de su competencia exclusiva; y en la gestión judicial de las causas en trámite, agilizar y dar pronto cumplimiento a los recaudos formales necesarios para el dictado de los respectivos control de legalidad y resolución definitiva".