Al cumplirse 39 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, la Procuración que investiga los crímenes de lesa humanidad informó que con la reapertura de los juicios hubo más de 500 condenados y casi 900 procesados en las causas penales aún abiertas. Se trata del relevamiento actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y con la coordinación de Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país que intervienen en estos procesos.
Son más de 500 los represores condenados en todo el país
Lo reveló la Procuraduría para delitos de lesa humanidad. También advirtió sobre recientes fallos judiciales que beneficiaron a civiles. Son 900 los procesados en causas penales aún abiertas
24 de marzo 2015 · 08:06hs
“Entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas”, se indicó.
Se precisó que “el estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país”, que “entre estos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate” y que “las víctimas judicializadas en todo el país son más de 10.000”.
Además “existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas”, se indicó en el informe.
“En los últimos nueve años se dictaron 136 sentencias: 31 están firmes. Hay 16 juicios en curso y 120 causas que esperan debate. Más de la mitad de los imputados están detenidos en cárceles y un 40% permanece en prisión”.
“Llama la atención de los miembros del Ministerio Público las faltas de mérito que beneficiaron en las últimas dos semanas a los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos, al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, al exjefe de Redacción de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli, a los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa Papel Prensa y el sobreseimiento del exsecretario judicial de Bahía Blanca Hugo Sierra”, se precisó.
El informe advirtió que “las faltas de mérito que se concatenaron en pocos días en diferentes puntos del país estiran los plazos de los procesos y al mismo tiempo anulan la posibilidad de seguir investigando a casi 40 años de los hechos, pues supondrán la obligación de buscar nuevo material probatorio —en procesos que a esta altura cuentan con sólidos elementos— en caso de que sean confirmadas por las cámaras federales”.
Según la Procuración, “los numeros del informe muestran las consecuencias del paso del tiempo: 39 de los condenados han fallecido y 28 imputados procesados fueron apartados de las 120 causas que esperan juicio”.
El informe señala que la cantidad de imputados detenidos es 970, de los cuales el 57% (557) están alojados en unidades penitenciarias y el 40 % en arrestos domiciliarios.
Demoras en causa Área Paraná
La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná reiteró su preocupación por “la lentitud” de la causa Área Paraná, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la capital entrerriana, que ya lleva 11 años desde su reapertura”.
En un documento, la Multisectorial alertó que “las maniobras dilatorias ejecutadas por los represores (imputados) tienen como objetivo retrasar su juzgamiento a la espera de un cambio de gobierno, ante la esperanza del acceso al poder de candidatos que reniegan abiertamente de los juicios por delitos de lesa humanidad”.
La causa Área Paraná se abrió poco después de la recuperación de la democracia y fue frenada por las leyes de obediencia debida y punto final. En 2003, los organismos de derechos humanos solicitaron su reapertura y aún no ha podido arribarse a una sentencia, mientras varios de los imputados fallecieron y otros fueron declarados incapaces por su estado de salud.
