En el marco del caso Adorni, el juez federal Ariel Lijo ordenó requerir información clave a distintas empresas para avanzar en la investigación sobre posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El magistrado solicitó a las firmas Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group que presenten facturas, órdenes de licitación y toda la documentación comercial relacionada con la consultora, con el objetivo de analizar la naturaleza de esos vínculos.

La medida se enmarca en una causa que también investiga un presunto enriquecimiento ilícito, y busca establecer si existió algún tipo de beneficio indebido hacia la empresa de Angeletti a través de contratos con compañías que mantienen relaciones con el Estado Nacional.

Según se desprende del expediente, el foco está puesto en determinar si hubo un posible direccionamiento de contrataciones o un esquema que haya favorecido económicamente a la consultora.

Las firmas vinculadas a la esposa de Adorni

Entre las empresas involucradas, Grupo Datco presta servicios tecnológicos a organismos públicos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, todos bajo la órbita o influencia de la Jefatura de Gabinete.

Por su parte, National Shipping S.A. es una firma del sector naviero que opera en el transporte de hidrocarburos y mantiene vínculos comerciales con YPF, donde el propio Adorni se desempeña como director titular.

En tanto, Foggia Group, vinculada al rubro de eventos y espectáculos, tiene conexiones con el entorno del oficialismo y participó en la organización de actividades donde intervino el presidente Javier Milei, además de estar asociada a la concesión de Tecnópolis.

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La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre posibles irregularidades en las relaciones comerciales entre la consultora y empresas con contratos estatales.

En ese contexto, la Justicia analiza la existencia de un eventual esquema de retorno de fondos públicos, mientras avanza en la recolección de pruebas para esclarecer los vínculos y determinar responsabilidades.