La Asamblea Nacional confirmó a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela por 90 días tras la captura de Nicolás Maduro en el exterior. El chavismo cerró filas en el Parlamento, denunció un “secuestro” y evitó convocar a elecciones al apelar a una figura constitucional inédita.
Lunes 05 de Enero de 2026
En un escenario político inédito y de fuerte tensión internacional, Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta interina de Venezuela ante la Asamblea Nacional, apenas dos días después del operativo estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Estados Unidos para ser juzgados por cargos de narcotráfico y terrorismo, entre otros delitos.
Durante su juramento, Rodríguez habló de un hecho que, según sostuvo, “dejó acéfalo al Estado venezolano” y definió a Maduro como un “rehén” del gobierno estadounidense. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que hoy están en manos de Estados Unidos”, expresó, al tiempo que aseguró asumir el cargo “con honor y en nombre de todos los venezolanos”.
Ante un juez federal, Nicolás Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro
La asunción fue respaldada por una Asamblea Nacional de mayoría chavista, que también inició un nuevo período legislativo de cinco años. Entre consignas como “¡Vamos, Nico!”, los diputados oficialistas ratificaron su apoyo al líder depuesto y cerraron filas detrás de la nueva conducción transitoria. Incluso Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, manifestó su “apoyo incondicional” a la presidenta interina.
Un interinato avalado por el Tribunal Supremo
El sábado previo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Rodríguez asumiera como presidenta encargada por un plazo inicial de 90 días, en base al Artículo 234 de la Constitución, que regula las ausencias temporales del jefe de Estado. Ese período podrá extenderse por otros tres meses si así lo aprueba el Parlamento.
Sin embargo, el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre una ausencia definitiva de Maduro. Para sortear ese límite constitucional, introdujo la figura de “ausencia forzosa”, un concepto no previsto explícitamente en la Carta Magna, pero utilizado para evitar la convocatoria automática a elecciones presidenciales, que deberían realizarse en un plazo de 30 días ante una vacancia total.
En su fallo, el Tribunal calificó la captura de Maduro como un “secuestro producto de una agresión militar extranjera” y sostuvo que se trata de un caso de fuerza mayor, cuyo objetivo es “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la Nación”.
Durante la sesión, el oficialismo reiteró su rechazo al accionar estadounidense. Legisladores como Fernando Soto Rojas calificaron el operativo como un “ataque fascista, bárbaro y cobarde”, y volvieron a señalar al gobierno de Donald Trump como el principal enemigo del proceso bolivariano.
En paralelo, la Asamblea reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como titular del Poder Legislativo. Tras su designación, el dirigente anunció que su prioridad absoluta será impulsar gestiones políticas y diplomáticas para lograr la liberación y el regreso de Nicolás Maduro.
“Voy a recurrir a todos los procedimientos, tribunas y espacios posibles para traer de vuelta a mi presidente”, afirmó Jorge Rodríguez, quien fue designado además como jefe de una comisión especial creada con ese objetivo.
Mientras tanto, Venezuela ingresa en un interinato de alto voltaje político, atravesado por un vacío legal, una fuerte presión internacional y un chavismo que, pese a la ausencia de su líder, busca sostener el poder y ganar tiempo sin abrir el juego electoral.