El gobernador Miguel Lifschitz designó esta semana como nuevo secretario de Derechos Humanos al abogado rosarino de 42 años Marcelo Trucco, quien anticipó algunas líneas de trabajo: profundizar la política que lleva adelante la provincia en materia de memoria, verdad y justicia; y desarrollar políticas públicas en temas acuciantes como violencia de género, trata de personas y niños que faltan de sus hogares.

"Se va a continuar, potenciar y profundizar la política en materia de memoria, verdad y justicia, acompañando los procesos judiciales que se están llevando a cabo en el territorio provincial, así como el trabajo de los organismos, víctimas y familiares en el convencimiento de que el compromiso por la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad representan valores inclaudicables", manifestó Trucco.

Asimismo, sostuvo que continuará con la implementación de programas y proyectos en relación a una serie de derechos y garantías que forman parte de la agenda cotidiana de trabajo para una mejor protección. A modo de ejemplo, el secretario mencionó los derechos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes; a la identidad; de los jóvenes, la mujer y las personas con discapacidad; los derechos económicos, sociales y culturales; el acceso a la justicia; las políticas de género; la libertad de expresión y el acceso a la información pública; y los derechos de incidencia colectiva, en especial los vinculados a los pueblos originarios y al medio ambiente, "brindando especial atención a políticas públicas que puedan enfrentar temas acuciantes".

"La provincia dio y continúa brindando ejemplos concretos de Estado presente y activo en la tarea de proteger y promover los derechos fundamentales", expresó Trucco, quien se propone potenciar la formación y especialización de quienes trabajan con estas problemáticas "de manera de tener una visión amplia y actualizada, que permita un mejor asesoramiento y tratamiento en temas claves para la defensa y protección de los derechos humanos, haciendo especial hincapié en la difusión y mayor conocimiento de los estándares brindados por los tribunales internacionales y la mejor manera de receptar los mismos en las normas, políticas y decisiones adoptadas por los tres poderes del Estado".