El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia Federal un escrito para justificar la evolución de su patrimonio en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, y responde a los 20 puntos que el fiscal federal Gerardo Pollicita había requerido aclarar.

El documento, de 78 páginas según la presentación difundida, fue entregado antes del vencimiento del plazo y contiene explicaciones sobre distintas operaciones patrimoniales, entre ellas movimientos de dinero en efectivo, operaciones con criptoactivos y adquisiciones inmobiliarias. La investigación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.

En su descargo, la defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con respaldo documental, contable y técnico. El exfuncionario negó las acusaciones y afirmó que no existe un incremento patrimonial que carezca de explicación.

La diferencia de ingresos y gastos

Uno de los puntos observados por la Fiscalía está relacionado con una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos y los gastos del matrimonio durante el período analizado.

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La defensa de Adorni sostuvo que se trata de una “brecha residual” y rechazó que pueda ser considerada una desproporción patrimonial significativa. El planteo forma parte de las respuestas que ahora deberá analizar el fiscal Pollicita.

Bitcoins, dólares y operaciones anteriores a su ingreso al Estado

Otro de los ejes del descargo fueron las operaciones realizadas con Bitcoin entre 2014 y 2018, es decir, antes de que Adorni ingresara a la función pública.

Según explicó su defensa, los fondos cuestionados provienen en buena medida de esas operaciones con criptomonedas. El escrito menciona ocho direcciones de Bitcoin y sostiene que las billeteras señaladas actualmente se encuentran vacías. La defensa vinculó esas inversiones con parte de los ahorros que posteriormente utilizó para distintas operaciones patrimoniales.

La vivienda en Indio Cuá

La compra y remodelación de una vivienda en el Country Indio Cuá también fue uno de los puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

Adorni sostuvo que el inmueble fue adquirido por US$120.000 y que una parte importante de la operación fue financiada mediante un préstamo hipotecario. En relación con las obras realizadas posteriormente, su defensa rechazó el monto de US$245.000 mencionado durante la investigación y afirmó que el desembolso real fue de US$175.000, proveniente de sus ahorros.

Además, el exfuncionario respondió por las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas respecto de dólares que no habían sido consignados inicialmente. Su defensa sostuvo que esas modificaciones fueron realizadas por iniciativa propia para corregir la información y negó que constituyan un indicio de ocultamiento.

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El departamento de Caballito

Otra de las operaciones bajo análisis es la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, cuyo pago se realizó en dólares en efectivo.

De acuerdo con la explicación presentada por Adorni, el dinero utilizado para concretar esa compra provenía de sus propios ahorros. La operación forma parte de los movimientos patrimoniales que deberán ser evaluados por la Fiscalía junto con el resto de la documentación aportada.

Qué puede pasar ahora

La presentación del descargo no implica el cierre de la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita deberá analizar la documentación entregada y determinar si las respuestas aportadas resultan suficientes para despejar los interrogantes planteados.

En caso de considerar que persisten aspectos sin aclarar, la Fiscalía podría solicitar nuevas medidas de prueba y eventualmente avanzar con una convocatoria a declaración indagatoria. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver sobre las medidas que correspondan a partir de los próximos planteos de la Fiscalía.

Por ahora, la presentación de Adorni constituye un nuevo paso dentro de la investigación sobre la evolución de su patrimonio durante el período en que se desempeñó en la función pública.