La Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal contra altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La acusación apunta al desvío de $400.000 millones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos que por ley debían garantizar el mantenimiento urgente de las rutas y caminos nacionales.

Mientras las rutas se rompen y los pueblos quedan aislados, el dinero destinado al mantenimiento desaparece

Por ley, 28,58% de lo recaudado por el ICL debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal; 400.000 millones de pesos estaban asignados para reparar y conservar las rutas nacionales.

Hoy lo que se ve son caminos destruidos, grietas, pozos y accidentes que se multiplican.

La pregunta es clara: ¿Dónde está la plata?

Hay una denuncia penal formal contra funcionarios del gobierno de Javier Milei por el desvío de los 400.000 millones de pesos que debían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales. La acción fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y apunta directamente a Caputo, Sturzenegger y Adorni.

La denuncia penal por 400.000 millones

La presentación judicial es reciente (ingresó en los tribunales federales a finales de mayo de 2026) y el expediente quedó caratulado bajo el número CFP 2473/2026 en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 7.

Datos técnicos y legales que cita el texto:

• Los denunciantes: la acción penal fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.

• Los imputados: la denuncia apunta directo a Luis Caputo (ministro de Economía), Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) y Manuel Adorni (Jefatura de Gabinete), además de incluir a las autoridades directivas del propio organismo vaticinado en quiebra técnica.

• El argumento legal (la Ley 23.966): por ley, el 28,58% de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) tiene una asignación específica, es decir, debe transferirse de forma automática al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.

• La acusación central: el gremio denuncia que el Palacio de Hacienda retuvo indebidamente esos 400.000 millones de pesos y, en lugar de girarlos para tapar baches, mantener banquinas y reparar calzadas, desvió los fondos hacia el Tesoro Nacional para comprar instrumentos de financiamiento (como letras y bonos) para exhibir superávit. Los delitos tipificados en la presentación son malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y falsedad ideológica.