La Corte Suprema frenó la desregulación de las prepagas y restituyó el control estatal sobre los aumentos

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían eliminado la supervisión de las cuotas. La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a revisar y autorizar los incrementos, aunque no habrá un tope automático atado a la inflación.

19:04 hs - Jueves 19 de Noviembre de 2026

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Con este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en los valores de las cuotas.

La resolución representa un cambio en el esquema de regulación establecido a partir del decreto de desregulación económica y vuelve a colocar bajo supervisión estatal los incrementos de los planes de salud. Sin embargo, la decisión no implica que las prepagas deban ajustar sus tarifas exclusivamente según la inflación ni establece un límite automático para las subas.

El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023.

El caso se originó a partir del reclamo de una afiliada cuya cuota de medicina prepaga registró un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según los antecedentes de la causa, de haberse aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

La sentencia confirmó parcialmente una decisión de la Cámara Federal de La Plata y llegó al máximo tribunal a partir de recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.

Qué podrá controlar nuevamente el Estado sobre las prepagas

Con la declaración de inconstitucionalidad, vuelven a regir las disposiciones de la Ley 26.682 que establecen la intervención de la autoridad de aplicación sobre los valores de los planes de medicina prepaga.

De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la facultad de autorizar y revisar los aumentos propuestos por las empresas, además de fiscalizar que las modificaciones tarifarias sean razonables.

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Los incrementos deberán estar justificados por las variaciones en la estructura de costos de las prestadoras y por un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Es decir, las empresas ya no podrán modificar libremente los valores de las cuotas sin pasar por el control del organismo estatal.

Sin embargo, la Corte revocó una parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que establecía que los aumentos debían limitarse al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por lo tanto, el fallo no establece un techo para las cuotas ni obliga a las prepagas a ajustar sus valores exclusivamente según la inflación. Lo que restituye es la supervisión estatal sobre los incrementos y la obligación de fundamentarlos bajo los criterios previstos por la legislación vigente. LA NACION+1

Por qué la Corte declaró inconstitucional dos artículos del DNU 70/23

Entre los fundamentos centrales de la resolución, el máximo tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no justificó adecuadamente las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para dictar un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

La Corte recordó que el uso de estas herramientas legislativas está permitido únicamente cuando existe una imposibilidad de que el Congreso sancione una ley mediante el procedimiento ordinario o cuando una situación de urgencia requiere una respuesta incompatible con los tiempos del trámite parlamentario.

En ese sentido, los jueces entendieron que las referencias a una crisis del sistema de salud y a la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de los precios no constituían argumentos suficientes para justificar la eliminación de los controles estatales.

El tribunal sostuvo que los fundamentos del decreto no demostraban una urgencia de tal magnitud que impidiera recurrir al Congreso para modificar el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga.

También remarcó que las razones de conveniencia invocadas por el Poder Ejecutivo no habilitan, por sí solas, a reemplazar el procedimiento legislativo ordinario por un decreto de necesidad y urgencia. Ambito+1

El alcance del fallo y su impacto en otros reclamos

La resolución de la Corte se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que modificaron el régimen de control estatal sobre los valores de las cuotas de medicina prepaga. Por lo tanto, no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto de las disposiciones del decreto.

Además del efecto sobre el caso particular, la decisión podría tener repercusiones en otros reclamos judiciales iniciados por afiliados que cuestionaron los incrementos aplicados luego de la desregulación. Según los antecedentes informados sobre el fallo, existen alrededor de 500 causas análogas pendientes de resolución.

De esta manera, el pronunciamiento del máximo tribunal restablece la intervención de la autoridad sanitaria nacional en la supervisión de las tarifas de las prepagas y establece que la desregulación de esos valores, tal como fue instrumentada mediante el DNU 70/23, no cumplió con los requisitos constitucionales para su implementación.