Un hombre de 38 años identificado como Salvador Alejandro Emmolo fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por adquirir armas de fuego legalmente y desviarlas al mercado ilegal. Además, el juez Nicolás Falkenberg le impuso una inhabilitación por 10 años para obtener permisos como legítimo usuario.

La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo de Juliana González, fiscal del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante el magistrado.

Tras la audiencia, González explicó que, al establecer la pena, se tuvo en cuenta que el condenado instaba a personas de su entorno a registrarse como legítimos usuarios y a repetir las mismas maniobras.

Según señaló la fiscal, Emmolo no solo elevó el riesgo para la seguridad pública al entregar armas a personas que no estaban habilitadas para tenerlas, sino que también buscó ampliar la oferta de armamento en el mercado ilegal.

Once armas adquiridas entre 2017 y el año pasado

De acuerdo con la investigación, entre 2017 y 2025 Emmolo adquirió 11 armas de fuego que registró a su nombre con el objetivo de entregárselas a usuarios ilegales.

La fiscal detalló que las compras incluyeron dos pistolas calibre 9 milímetros, tres pistolas calibre .380, dos revólveres calibre .357, una pistola calibre .40, una pistola calibre .22, una carabina calibre .22 y una escopeta calibre 12.

González indicó que las operaciones se realizaron por montos de dinero cuya procedencia el condenado no pudo justificar.

Además, la investigación determinó que Emmolo denunció como robadas cuatro armas de fuego con el objetivo de procurar su impunidad. Tres de ellas —dos pistolas y un revólver— fueron secuestradas posteriormente en el marco de investigaciones penales relacionadas con un homicidio, lesiones cometidas en un contexto de violencia de género y portación indebida de armas.

La cuarta arma denunciada como robada era una pistola que todavía no fue hallada.

Un allanamiento en Villa Hipódromo

La investigación avanzó a partir de una pesquisa proactiva del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego. En ese marco, el miércoles 3 de diciembre de 2025 se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, donde residía Emmolo.

El inmueble también había sido declarado por el condenado como domicilio de guarda de las armas ante el Registro Nacional de Armas (Renar).

Según precisó González, en el lugar deberían haberse encontrado siete armas, pero los agentes policiales solo hallaron dos. Al constatar que faltaban cuatro pistolas y la carabina que Emmolo tenía registradas a su nombre, los efectivos lo detuvieron.

Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular que luego fue sometido a peritajes. El análisis permitió obtener información relevante para esclarecer las maniobras, entre ella conversaciones en las que el condenado ofrecía armas a personas que no estaban habilitadas como legítimos usuarios.

Reconoció su responsabilidad penal

Emmolo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.

Junto con su abogado defensor, prestó conformidad con la atribución delictiva formulada por el MPA, la pena acordada y la realización del juicio abreviado.

El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal. La investigación se inició a partir de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 entre la entonces fiscal general María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, organismo que actualmente se denomina Registro Nacional de Armas (Renar).