Brian Armando Aquino, de 32 años, había adquirido nueve pistolas como legítimo usuario, pero solo dos fueron secuestradas durante un allanamiento. Una de las armas faltantes fue utilizada en una tentativa de homicidio. También recibió una inhabilitación por 10 años para acceder legalmente a armamento.
16:46 hs - Miércoles 21 de Octubre de 2026
Un hombre de 32 años fue condenado a cuatro años de prisión por comprar armas de fuego como legítimo usuario y desviarlas de manera habitual hacia el mercado ilegal. Se trata de Brian Armando Aquino, quien además fue inhabilitado por 10 años para volver a ser autorizado a tener armas legalmente.
La sentencia fue dictada por la jueza Susana Luna al término de un juicio oral y público que finalizó este miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El condenado fue considerado autor del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.
La investigación estuvo a cargo de Juliana González, fiscal del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tras la lectura del veredicto, la fiscal valoró que se haya considerado acreditada la atribución delictiva, aunque anticipó que esperará los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir. Según explicó, la Fiscalía había solicitado una pena superior en función de la gravedad de los hechos.
González también destacó que la magistrada dispuso la inhabilitación por una década para que Aquino pueda volver a ser autorizado como legítimo usuario de armas de fuego.
Compró nueve pistolas y solo recuperaron dos
De acuerdo con la investigación, Aquino tenía registradas a su nombre nueve armas: cinco pistolas calibre .380 y cuatro calibre 9 milímetros. Según detalló la fiscal, las bases de datos oficiales indican que adquirió una en 2021, otra en 2023, otra en 2024 y seis durante 2025.
Las operaciones se concretaron mediante transferencias entre legítimos usuarios y compras en tres armerías de la ciudad de Santa Fe.
Para la Fiscalía, el hombre aprovechó la autorización legal que tenía para adquirir armamento y luego entregó las pistolas a personas que no contaban con la credencial correspondiente. La conducta, según la acusación, se desarrolló de manera habitual y generó un riesgo para la seguridad pública.
La investigación también determinó que Aquino no contaba con capacidad patrimonial suficiente para justificar lícitamente las adquisiciones. La hipótesis fiscal fue que vendía las armas a precios superiores a los del mercado legal y utilizaba parte de las ganancias para comprar nuevas pistolas y repetir el circuito.
Una de las armas fue utilizada en una tentativa de homicidio
Aquino fue detenido el miércoles 3 de diciembre de 2025, durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, donde residía.
En el procedimiento, los agentes secuestraron solamente dos de las nueve armas registradas a su nombre. Las otras siete habían sido desviadas al mercado ilegal y, según lo informado por la Fiscalía, no registraban pedidos de secuestro ni denuncias por robo, hurto o extravío.
Uno de los casos que destacó González fue el de una pistola calibre .380 que había pertenecido al condenado y que fue secuestrada en noviembre de 2023 en poder de un hombre que meses después recibió una condena por una tentativa de homicidio cometida con esa arma.
Para la fiscal, el episodio evidencia el peligro que representa la circulación de armamento fuera de los controles legales, ya que las armas pueden terminar vinculadas con otros hechos delictivos.
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La Fiscalía cuestionó la falta de información sobre las armas
Durante la investigación, el MPA sostuvo que Aquino tenía la obligación de informar cuál había sido el destino de las siete pistolas que no fueron recuperadas. Según González, el acusado tuvo oportunidades durante el proceso penal para aclarar lo ocurrido, poner el armamento a disposición e identificar a las personas que lo recibieron, pero no lo hizo.
La fiscal afirmó que el condenado ocultó deliberadamente la identidad de los destinatarios de las armas, así como las fechas y los lugares en los que se concretaron los intercambios.
La causa se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA dentro de su Plan de Persecución Penal, con énfasis en el control y la reducción de la circulación indebida de armas de fuego.
La investigación se inició a partir de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 entre la entonces fiscal general María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, organismo actualmente denominado Registro Nacional de Armas (RENAR).
La condena impuesta a Aquino fue por provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad, mientras que la Fiscalía analizará los fundamentos del fallo para determinar si corresponde avanzar con alguna otra medida.