Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron comunicadas a las autoridades del establecimiento educativo
08:14 hs - Jueves 23 de Abril de 2026
La fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentados en una escuela de Llambi Campbell, en lo que constituye un dato clave: son los primeros adolescentes imputados penalmente en la provincia por este tipo de hechos tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.
La audiencia se realizó en los tribunales de Esperanza, donde los acusados, identificados como J.O. y Yamil Alexander G. —este último mayor de edad—, fueron imputados por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal.
Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron comunicadas a las autoridades del establecimiento educativo. En paralelo, la investigación avanza sobre un tercer involucrado, un menor de 15 años.
De acuerdo a fuentes del caso, los adolescentes fueron identificados a partir de una nota encontrada en el baño de la escuela, donde se advertía: “devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis sostiene que el mensaje estaría relacionado con la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro de la institución.
Un antes y un después tras el caso Ian Cabrera
El caso marca un punto de inflexión en la respuesta judicial frente a las amenazas en escuelas. Se trata de los primeros adolescentes imputados penalmente desde el trágico episodio ocurrido en San Cristóbal, que terminó con la muerte del estudiante Ian Cabrera y generó un fuerte impacto en toda la provincia.
Desde entonces, las escuelas de Santa Fe atraviesan un clima de alta tensión, con múltiples amenazas y operativos de seguridad.
En menos de una semana, el gobierno provincial registró más de 150 alertas vinculadas a posibles ataques, y ya logró identificar a siete personas responsables de este tipo de intimidaciones.
Protocolo para cobrar los operativos
En este contexto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con un nuevo protocolo para cobrar los costos de los operativos desplegados ante amenazas falsas.
El ministro Pablo Cococcioni explicó que un procedimiento básico tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, desde la activación del 911 hasta la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para recuperar esos gastos, con el objetivo de desalentar las amenazas y garantizar la eficiencia en la respuesta estatal.
El avance de esta causa, con los primeros adolescentes imputados tras el caso Ian Cabrera, refleja un endurecimiento en la actuación judicial frente a hechos que generan alarma social, afectan el normal funcionamiento de las escuelas y demandan un alto despliegue de recursos públicos.