Falsas amenazas en escuelas: la Provincia reclamará hasta $6 millones a los padres de alumnos por cada operativo

El Gobierno de la provincia de Santa Fe puso en marcha un mecanismo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante falsas amenazas en escuelas, una problemática que en los últimos días registró un fuerte incremento. La medida se formalizó a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

La normativa instruye a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar de manera inmediata acciones administrativas y judiciales, en coordinación con Fiscalía de Estado, para reclamar el resarcimiento económico por los gastos ocasionados al Estado.

Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se realizaron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares. Cada uno de estos operativos implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo del despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales.

Desde el Ejecutivo advirtieron que esos montos pueden incluso ser mayores: “Dependiendo de la zona y el despliegue del operativo, el costo del resarcimiento puede ascender a cifras mucho más altas”.

Menores identificados y reclamos a sus familias

Las investigaciones llevadas adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitieron identificar a varios responsables, todos ellos menores de edad. En ese marco, el procedimiento prevé que el reclamo económico se dirija a los adultos responsables.

El proceso se activa una vez identificados los involucrados e incluye un relevamiento, cuantificación de costos y la apertura de un expediente individual por cada caso. Luego, se realiza una intimación formal de pago, con un plazo determinado para cumplir.

En caso de incumplimiento, interviene Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en acciones judiciales con reclamos patrimoniales que incluyen intereses, costas y gastos adicionales.

“No son bromas”

Desde el Gobierno provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su impacto en el sistema de seguridad. “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”, señalaron.

Además, aclararon que el objetivo de la medida es recuperar el dinero que el Estado destina a cada operativo, y no una sanción adicional. “No es una sanción accesoria al delito sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores”, indicaron.

En ese sentido, explicaron que esta vía es independiente de la causa penal, por lo que no es necesario esperar una sentencia para avanzar con el reclamo económico.

Responsabilidad y advertencia

Finalmente, las autoridades recordaron que las amenazas en escuelas constituyen delitos tipificados en el Código Penal, y llamaron a las familias a asumir un rol activo en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.

El mensaje oficial busca desalentar este tipo de conductas y dejar en claro que, además de las consecuencias penales, también habrá un impacto económico directo para los responsables.