La audiencia por la muerte de Mauro González pasó a un cuarto intermedio. La jueza resolverá este jueves si los seis policías imputados continúan con prisión preventiva por el caso ocurrido en la Comisaría Octava de Santa Fe
07:31 hs - Jueves 09 de Julio de 2026
La audiencia de medidas cautelares por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero pasado tras un procedimiento policial que culminó en la Comisaría Octava de Santa Fe, pasó este miércoles a un cuarto intermedio y continuará este jueves, cuando la jueza Cecilia Labanca resolverá si los seis policías imputados continúan con prisión preventiva.
Durante una extensa jornada en los tribunales santafesinos, el fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, solicitó que los seis efectivos permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación por la muerte del hombre de 35 años.
Cinco de los acusados, identificados por sus iniciales L. A., M. D., F. S. A., S. D. B. y S. P., están imputados por el delito de tortura seguida de muerte, una figura penal que contempla una pena de prisión perpetua. En tanto, el sexto imputado, J. C. B., integrante del Cuerpo Guardia de Infantería, enfrenta cargos por vejaciones calificadas.
Luego de las exposiciones de la Fiscalía y de la querella, representada por el abogado Rodolfo Mingarini, la audiencia ingresó en un cuarto intermedio para que las defensas desarrollen sus planteos. Finalizada esa instancia, la magistrada dará a conocer su resolución.
La reconstrucción del procedimiento que terminó con la muerte de Mauro González
Durante su exposición, el fiscal Hernández reconstruyó los hechos ocurridos el 17 de enero, cuando, según la investigación, Mauro Daniel González atravesaba una crisis de salud mental frente a su vivienda, ubicada en la esquina de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú.
De acuerdo con la acusación, tras un llamado al 911 por un presunto disturbio, efectivos policiales llegaron al lugar y realizaron una reducción que la Fiscalía calificó como desproporcionada.
El representante del MPA sostuvo que, pese a que el padre de González advirtió a los uniformados que su hijo había sido sometido tiempo atrás a una intervención quirúrgica, los agentes continuaron ejerciendo una fuerza excesiva durante el procedimiento.
La investigación sostiene que, una vez esposado, González fue cargado en la caja de una camioneta policial y trasladado por distintos sectores de la ciudad. Durante ese recorrido, siempre según la acusación, habría vuelto a recibir golpes.
La parada en una estación de servicio y el paso por Medicina Legal
Uno de los puntos destacados por la Fiscalía fue que, pese a que la víctima ya presentaba lesiones visibles, los policías no lo trasladaron inmediatamente a un centro de salud.
Según Hernández, antes pasaron por una estación de servicio ubicada sobre avenida J. J. Paso para cargar combustible.
Las cámaras de seguridad del lugar registraron parte de esa secuencia y, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, muestran que uno de los efectivos intentó sentar a González en la caja del móvil cuando ya se encontraba prácticamente inconsciente.
Posteriormente fue derivado a Medicina Legal, donde una médica policial constató lesiones consideradas leves. El fiscal adelantó que esa profesional también será imputada en el marco de la investigación.
Finalmente, González fue alojado en un calabozo de la Comisaría Octava. Testigos que permanecían detenidos en esa dependencia declararon haber observado que el hombre tenía escasos signos vitales e incluso intentaron asistirlo ofreciéndole agua.
Horas después, cuando personal policial ingresó para notificarle que recuperaría la libertad, constató que había fallecido.
Las pruebas que presentó la Fiscalía
Entre las principales evidencias mencionadas durante la audiencia figura el informe de autopsia, que registró 20 lesiones distribuidas en distintas partes del cuerpo de la víctima.
El estudio concluyó además que Mauro Daniel González murió por asfixia, luego de vomitar mientras permanecía acostado boca arriba, una situación que, según la acusación, estuvo directamente vinculada con las lesiones sufridas durante el procedimiento policial.
Para el fiscal Hernández, la violencia ejercida por los efectivos configura un caso de tortura seguida de muerte.
Por su parte, la querella sostuvo que la detención fue ilegal y aseguró que González fue golpeado en al menos tres momentos distintos del operativo. Además, señaló que una de las marcas detectadas en el cuerpo sería compatible con un golpe realizado con la culata de una escopeta.
"Los cinco tuvieron una conducta antinormativa. Esto es un hecho de gravedad institucional", afirmó el abogado querellante Rodolfo Mingarini durante su exposición.
La audiencia continuará este jueves feriado, cuando las defensas completen sus argumentos y la jueza Cecilia Labanca resuelva si hace lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.