Muerte en la Comisaría Octava: la Fiscalía pidió prisión preventiva para los seis policías y la definición pasó para este jueves

La audiencia de medidas cautelares por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero pasado tras un procedimiento policial que terminó en la Comisaría Octava de Santa Fe, pasó este miércoles a un cuarto intermedio y continuará este jueves feriado, cuando la jueza Cecilia Labanca resolverá si los seis policías imputados permanecen en prisión preventiva.

Durante una extensa jornada realizada en los tribunales santafesinos, el fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, solicitó que los seis efectivos continúen privados de la libertad mientras avanza la investigación por la muerte del hombre de 35 años.

Cinco de los acusados, identificados por sus iniciales L. A., M. D., F. S. A., S. D. B. y S. P., enfrentan una imputación por el delito de tortura seguida de muerte, cuya pena puede alcanzar la prisión perpetua. En tanto, J. C. B., integrante del Cuerpo Guardia de Infantería, está imputado por vejaciones calificadas.

Tras la exposición de la Fiscalía y de la querella, representada por el abogado Rodolfo Mingarini, la audiencia pasó a un cuarto intermedio para dar lugar a los planteos de las defensas. Finalizada esa instancia, la magistrada dará a conocer su resolución.

La reconstrucción del caso

Durante la audiencia, el fiscal Hernández repasó los principales elementos reunidos en los seis meses de investigación y reconstruyó la secuencia que terminó con la muerte de Mauro Daniel González.

Según la acusación, el 17 de enero el hombre atravesaba una crisis de salud mental frente a su vivienda, ubicada en la esquina de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú. A raíz de un llamado al 911 por un presunto disturbio, llegaron al lugar efectivos policiales que procedieron a reducirlo.

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La Fiscalía sostuvo que el procedimiento fue desproporcionado y que, pese a que el padre de la víctima advirtió que su hijo había sido sometido a una intervención quirúrgica tiempo atrás, los policías continuaron ejerciendo una fuerza excesiva.

De acuerdo con la investigación, luego de ser esposado, González fue cargado en la caja de una camioneta policial y trasladado por distintos puntos de la ciudad. En ese recorrido, siempre según la acusación, volvió a ser golpeado.

Del traslado a la comisaría

Hernández señaló que, pese a que la víctima ya presentaba lesiones visibles, los efectivos no la trasladaron de inmediato a un centro de salud, sino que primero se dirigieron a una estación de servicio sobre avenida J. J. Paso para cargar combustible.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron parte de la secuencia y, según expuso el fiscal, muestran que uno de los policías intentó sentar a González en la caja del móvil cuando ya se encontraba prácticamente inconsciente.

Posteriormente fue llevado a Medicina Legal, donde una médica policial constató lesiones consideradas leves. Esa profesional también será imputada en el marco de la investigación, adelantó Hernández.

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Finalmente, González fue alojado en un calabozo de la Comisaría Octava. Testigos que se encontraban detenidos en la dependencia declararon haberlo visto con escasos signos vitales e incluso intentaron asistirlo ofreciéndole agua.

Horas más tarde, cuando personal policial ingresó para notificarle su liberación, constató que había fallecido.

Las pruebas de la acusación

Entre las principales evidencias mencionadas por la Fiscalía figura el informe de autopsia, que registró 20 lesiones en distintas partes del cuerpo de la víctima.

El estudio determinó además que González murió por asfixia, luego de vomitar mientras permanecía acostado boca arriba, una situación que, según la acusación, estuvo directamente relacionada con las lesiones sufridas durante el procedimiento.

Para Hernández, la violencia ejercida por los efectivos configuró un caso de tortura seguida de muerte.

Por su parte, la querella sostuvo que la detención fue ilegal y afirmó que la víctima fue golpeada en al menos tres momentos distintos del operativo. Además, planteó que una de las marcas halladas en el cuerpo sería compatible con un golpe efectuado con la culata de una escopeta.

"Los cinco tuvieron una conducta antinormativa. Esto es un hecho de gravedad institucional", sostuvo el abogado querellante Rodolfo Mingarini durante su exposición.

La audiencia continuará este jueves, cuando las defensas completen sus argumentos y la jueza Cecilia Labanca defina si hace lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.