La fiscal a cargo de la investigación del ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal criticó este miércoles el sobreseimiento del adolescente que disparó contra sus compañeros. Carina Gerbaldo dijo que apeló el fallo porque es una decisión apresurada y quieren seguir interviniendo en el caso con distintas medidas.

Hace dos semanas, el juez José Boaglio dispuso que un tribunal de familia se encargue de abordar la situación del chico de 15 años que mató a Ian Cabrera (13) e hirió a otros estudiantes. "Estamos discutiendo la oportunidad, no el tema", explicó la funcionaria a través de LT8 sobre el recurso de apelación que interpusieron contra la resolución de primera instancia.

Aunque el Régimen Penal Juvenil ya admite sanciones desde los 14 años cumplidos, la ley entró en vigencia después del asesinato cometido en la Escuela 40 Mariano Moreno y es imposible aplicarla a un homicidio anterior. En ese contexto, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) enfatizó que la investigación no está cerrada a pesar de que no se pueda condenar al agresor.

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¿Qué pasó con el autor del tiroteo en la escuela de San Cristóbal?

El adolescente identificado por sus iniciales como G. C. fue detenido adentro de la institución luego de efectuar varios disparos con una escopeta. Gerbaldo ratificó que el exestudiante de la secundaria "no está en San Cristóbal" y sigue a disposición de la Justicia penal porque el fallo para cerrar el proceso no quedó firme. "Está alojado en otro lugar, cumpliendo medidas que siguen vigentes", precisó.

Según indicó la fiscal de la unidad especializada en el Régimen Penal Juvenil, el chico aún se encuentra bajo evaluación psicológica como parte la causa que se abrió el último 30 de marzo. Además, tiene restricciones para utilizar redes sociales, una medida que también se aplicó en el caso de otro joven de 16 años imputado como cómplice por una participación secundaria en el episodio.

La funcionaria rafaelina reconoció que el sobreimiento de una persona no punible es "inevitable" por la aplicación de la ley que rigió hasta el 4 de septiembre. Luego indicó que un caso como el de San Cristóbal actualmente puede recibir una pena de hasta 15 años de prisión con las normas vigentes para menores de edad.

De acuerdo a la explicación de Gerbaldo, el traspaso del legajo del adolescente al fuero de familia le quita la posibilidad al MPA de seguir controlando las medidas del caso. Por eso decidieron solicitar la revisión de la resolución que firmó Boaglio en los Tribunales provinciales de Tostado.

La fiscal remarcó que "la sentencia no está firme", de modo que la situación de G. C. sigue bajo control de la Justicia penal. Mientras tanto, los investigadores esperan que se fije la fecha de la audiencia para analizar el fallo de Boaglio en segunda instancia.

Un estudiante muerto y dos heridos con una escopeta

El ataque denunciado hace casi siete meses ocurrió minutos después de las 7 de la mañana, cuando recién comenzaba la jornada escolar en San Cristóbal. Los estudiantes estaban formados en el patio interno para el izamiento de la bandera. En ese momento, un alumno de tercer año de la secundaria abrió fuego contra sus compañeros.

G. C. había llevado una escopeta escondida entre sus pertenencias. Ese día fue al baño de la institución, salió con el arma de fuego y disparó entre cuatro y cinco veces. Cabrera murió en el acto y otros ocho adolescentes sufrieron lesiones de diversa índole.

La secuencia terminó cuando un portero se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle el arma de fuego. Poco después intervino la Policía, el adolescente fue detenido y la escuela fue evacuada como parte del operativo de emergencia.

La atención sanitaria se desplegó entre el hospital local y otros centros de mayor complejidad. Seis de los ocho estudiantes heridos recibieron el alta en el transcurso de la jornada. Otros dos fueron derivados a Rafaela y a la ciudad de Santa Fe para recibir atención especializada.

La investigación sobre los vínculos digitales

Además de reconstruir cómo se produjo el ataque, los investigadores avanzaron sobre la actividad digital del adolescente y sus posibles contactos en comunidades que glorifican masacres escolares.

En los primeros días posteriores al crimen, la Policía Federal allanó la vivienda del joven y un comercio vinculado con su familia, por orden de la fiscal. La medida apuntaba a reunir elementos para esclarecer cómo se planificó el tiroteo.

La pesquisa también se extendió a otros adolescentes. El 6 de abril, la Policía arrestó a un joven en Nelson bajo la sospecha de que mantenía conversaciones con G.C. y podía haber tenido conocimiento del plan. La investigación abrió una línea sobre la red True Crime Community, una subcultura digital asociada con la glorificación de crímenes reales y ataques violentos.