El Gobierno nacional avanzó con la primera medida concreta del nuevo esquema para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina del Presidente y se tomó por instrucción de Milei. Según el comunicado oficial, las actuaciones buscan investigar y eventualmente sancionar la violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659.

El dato central es que el procedimiento no alcanza únicamente a las empresas que participan directamente de las actividades hidrocarburíferas. El Gobierno también incluyó a accionistas de esas compañías y a empresas que les hayan prestado servicios para llevar adelante sus operaciones.

“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, señaló la Oficina del Presidente.

El primer paso después de los anuncios de Milei

La medida se conoce luego de que el Presidente dedicara parte de su cadena nacional del jueves a anunciar un endurecimiento de la política argentina frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas alrededor de las islas.

Entre las medidas anunciadas estuvo la modificación del esquema de aplicación de la Ley 26.659 para agilizar los procedimientos contra compañías que participen en esas actividades sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno sostiene que la explotación de recursos naturales en el área de las islas representa un avance sobre la soberanía argentina y busca ampliar las consecuencias para las empresas que intervengan directa o indirectamente en esos proyectos.

En ese sentido, el canciller Pablo Quirno había explicado que el universo alcanzado por la nueva política no se limita a las petroleras. Según detalló, también fueron notificadas empresas vinculadas con la prestación de servicios petroleros, financieros y de seguros, entre otros.

Quirno había señalado además que alrededor de 180 empresas habían sido notificadas por su vinculación con actividades hidrocarburíferas o por prestar servicios a compañías que operan en el área. El inicio de los procedimientos contra 45 sujetos constituye ahora el primer avance formal sobre casos concretos.

Qué significa el procedimiento

El inicio de las actuaciones no significa que las 45 personas o empresas ya hayan sido sancionadas. Se trata de la apertura de procedimientos administrativos destinados a determinar si efectivamente existieron infracciones y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones previstas por la legislación.

La Ley 26.659 establece restricciones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina que se realicen sin autorización de las autoridades nacionales. El nuevo esquema reglamentado por el Ejecutivo busca acelerar la detección y el tratamiento de posibles incumplimientos.

El proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por empresas internacionales en aguas próximas a las Malvinas, aparece como uno de los principales focos de la ofensiva anunciada por el Gobierno. Entre las compañías vinculadas al proyecto se encuentran la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

“La Argentina no resigna ni resignará”

En el comunicado difundido este viernes, la Casa Rosada volvió a endurecer el tono sobre la disputa de soberanía. “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión”, sostuvo el Gobierno.

Y agregó que, frente al avance de la explotación de recursos naturales, quienes pretendan lucrar con actividades que la Argentina considera violatorias de su soberanía “encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley”.

Así, después de los anuncios de Milei y de los cambios normativos publicados en el Boletín Oficial, la apertura de estos 45 procedimientos marca el comienzo de la etapa de aplicación concreta del nuevo esquema sancionatorio sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas.