Este jueves la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley que autoriza excepcionalmente a los municipios y comunas a usar para gastos corrientes la mitad de las partidas del Fondo de Obras Menores (FOM).

Varios legisladores señalaron que esta excepción viene siendo una regla durante los últimos años para que los gobiernos locales puedan pagar los sueldos y aguinaldos de fin de año.

Aunque también remarcaron que este año se adelantó la decisión por la acuciante situación económica del país y por los recortes de partidas que Nación les está haciendo a los municipios, como el Fondo Federal Solidario –que el gobierno compensó a medias con el Programa de Asistencia Financiera, que solo prevé partidas para lo que resta del año.

Pero en el debate y en las exposiciones de los diputados se fue colando lentamente la discusión de fondo: desde todas las bancadas reconocieron que hace falta una nueva ley de coparticipación.

El primero en tirar la piedra fue el diputado de Cambiemos, Sergio Más Varela, quien intentó explicar que los problemas económicos de los municipios nada tenían que ver con los problemas de la macroeconomía Argentina y que solo se debían a una mala distribución de los recursos por parte de la provincia.

"El sistema de financiamiento de los municipios y comunas en la provincia de Santa Fe no es viable y los gobiernos locales tienen que pedir auxilio permanentemente. Hoy la distribución de potestades financieras es errónea", aseguró Más Varela.

"Una de las cuestiones que machacábamos hasta el cansancio era que poco y nada se hablaba de fijar un nuevo sistema de coparticipación con rango constitucional, con reglas claras e inclusive con la posibilidad de destribución de fuentes para que los municipios y comunas tengan garantizados no solo porcentajes de lo que distribuye la Nación, sino que también les sean asignados de forma permanente y con rango constitucional recursos tributarios", argumentó.

El primero en contestarle fue el radical –que también integra la mesa provincial de Cambiemos–, Julián Galdeano. "Justamente hace semanas quisimos reformar la Constitución de la provincia", recordó y también aclaró que Santa Fe "hace años que tiene reglas claras en la distribución de recursos a los municipios y comunas".

En primer lugar mencionó que la provincia tiene una ley de coparticipación que fija los porcentajes de coparticipación y que esas transferencias son automáticas. Luego añadió que "en tiempos de crisis, la recesión también afecta a municipios y comunas" y aseguró que ese es uno de los motivos por los que se adelantó el tratamiento de esta ley.

Por otra parte, también aseguró que el acuerdo paritario con cláusula gatillo hace que haya muchos gobiernos locales con problemas para hacer frente a la política salarial acordada este año.

Luego el diputado radical Fabián Palo Oliver, quien es autor de uno de los proyectos para rediscutir la coparticipación, marcó algunas diferencias con Más Varela y recordó que en Santa Fe se coparticipa el 13,43% de los recursos a municipios y comunas. Además recordó que se llegó a esa cifra a partir de una reparación histórica que hizo el Frente Progresista ya que en años anteriores el Ejecutivo provincial enviaba solo entre el 8 y el 9%.

Asimismo defendió la cláusula gatillo que les permite a los trabajadores municipales no perder la cláusula gatillo, aunque reconoció que se está ante una situación extraordinaria porque cuando esa herramienta se puso en la mesa de negociación salarial la expectativa inflacionaria era del 25% y hoy está entre el 40 y el 42%.

Lo que termina de complicar las economías de los gobiernos locales, según Palo Oliver, es el aumento de las demandas sociales y la caída de la recaudación. En este último punto dijo que "la gente tiene que elegir si paga las tarifas y come o si paga la Tasa General de Inmuebles, que no tiene ninguna consecuencia inmediata. Generalmente no paga la TGI".

A su turno, el jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, argumentó que los municipios necesitan cada vez que los recursos lleguen lo más rápido posible por el efecto de la inflación. Además, sostuvo que tanto la suba de precios como la devaluación fueron factores que incidieron directamente en la prestación de servicios.

Pero también coincidió con el resto de los legisladores con que hay que revisar el sistema de coparticipación y advirtió que en el actual aún existen criterios neoliberales como que se tenga en cuenta la capacidad de recaudación de cada municipio y comuna a la hora de distribuir los recursos. "Para un desarrollo armónico debería plantearse al revés", dijo Galassi y remarcó: "Hay que darles más recursos a los que menos tienen".

Cuando de repartir dinero se trata, muy difíciles son los consensos. Una muestra de ello es la ley de coparticipación nacional que es una deuda pendiente desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Ninguna de las provincias quiere ceder recursos y la Nación tampoco.

En el debate del jueves pasado fueron varios los diputados que señalaron que ese es un paso que no dio ninguno de los gobiernos nacionales en más de 24 años. En la provincia no debería ser un asunto tan vidrioso, pero el tiempo pasa y no hay avances. Y como siempre sucede, la proximidad de un año electoral es muy probable que retrase nuevamente la discusión que les brinde mayor previsibilidad y estabilidad a los municipios y comunas.