“Solo una de cuatro mujeres que sufre violencia de género o abuso sexual va a la Justicia”. Con este dato, la diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini, advirtió sobre los peligros de sesgar el debate exclusivamente hacia las falsas denuncias, un tema que cobró relevancia nacional a partir de una iniciativa legislativa de la senadora santafesina Carolina Losada.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Cattalino profundizó sobre las causas de este subregistro y apuntó contra las deficiencias estructurales de la Justicia que expulsan a las víctimas del sistema.

Según explicó la diputada, el hecho de que 75 por ciento de las mujeres violentadas decida no acudir a los estrados judiciales responde al temor y a malos tratos institucionales. Al respecto, recordó que desde la Legislatura de la provincia de Santa Fe se han destituido fiscales en el norte provincial justamente por no impulsar investigaciones y permitir que las mujeres fueran revictimizadas durante años. “Es una víctima que le pide a la Justicia resolver un problema y la Justicia no lo resuelve”, resumió.

Las falsas denuncias y un debate legislativo

El intercambio en Radio 2 se dio en un contexto particular: la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, logró recientemente dictamen favorable en la Cámara alta para un proyecto que busca endurecer severamente las penas para quienes realicen falsas denuncias que deriven en la separación de padres de sus hijos. La iniciativa tiene un fuerte anclaje en Rosario, donde salieron a la luz acusaciones contra tres psicólogas de los Tribunales provinciales por presuntamente fraguar peritajes para obstruir vínculos familiares, un escándalo denunciado por un grupo de abogados penalistas locales.

Frente a la proliferación de testimonios de padres apartados de sus hijos por reportes supuestamente prearmados, el conductor Roberto Caferra planteó que existe una “corporación” institucional que, por empatía o prejuicio, avala denuncias rápidas sin peritajes adecuados. Caferra describió el dolor de los acusados inocentes que, producto de estas maniobras, deben esperar años para volver a ver a sus hijos, y sugirió que detrás de la lectura de estos conflictos opera un aval ideológico.

Cattalini, sin embargo, desestimó que se trate de una disputa ideológica y remarcó que las normativas para castigar las mentiras ya existen. “Si analizamos el Código Penal argentino, el artículo 245 ya tipifica el delito de falsas denuncias”, aclaró la legisladora, e indicó que pretender enmarcar este problema solo en temas de género es un error, ya que este recurso ilegal se utiliza históricamente para presionar en causas económicas y arreglos judiciales, representando apenas el 0,25 por ciento de todas las condenas dictadas en el país.

“Las herramientas en el Código Penal están, existen. Si hay una persona que intencionalmente quiere perjudicar a otra a partir de una falsa denuncia, en el delito que sea, hay que sancionarla”, aseveró la diputada, para luego advertir sobre un efecto indeseado que puede generar este foco mediático: “El único efecto adverso, lamentablemente, en una Argentina donde pareciera que estás de un lado o estás del otro y que no hay ningún gris en el medio, es que muchas mujeres sigan sin denunciar”, afirmó.

Colapso en la Justicia

Cattalini reveló un dato alarmante sobre la carencia de recursos para atender la alta demanda de conflictos domésticos en el sur de la provincia de Santa Fe. “La Justicia de familia tiene dos psicólogos para todo el sur de Santa Fe. Entonces, acá hay un problema grave, que la Justicia de familia está colapsada y no funciona como tiene que funcionar”, denunció.

En este marco de desborde institucional es donde, según la legisladora, se producen los mayores daños. “En el medio de eso, nos encontramos con menores de edad que ni tendrían que tener contacto con sus familiares, sea quien sea, y con padres que no pueden ver a sus hijos porque un proceso funcionó de manera errónea”, admitió.

Para revertir esta situación, la diputada del frente Unidos subrayó que se está trabajando en la Legislatura provincial para reformar el Código Procesal de Familia y el Código Procesal Civil y Comercial, además de modernizar el registro de deudores morosos alimentarios. “Son los problemas que vive la gente todos los días y que necesitan respuestas más rápidas de lo que se está teniendo”, concluyó, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar el cumplimiento de la ley con la estructura necesaria.