Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno nacional ejecutó una fuerte alteración del Presupuesto Nacional 2026, que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas cuatro meses atrás.

En los “considerando” de la norma, también suscrita por el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se consigna que con la Decisión Administrativa se “efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Motosierra para el Presupuesto

La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la eliminación de transferencias directas y la suspensión de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica.

En realidad, los recortes que se aplican pueden catalogarse –objetivamente– como despiadados y de una insensibilidad sin límites.

En efecto, rastrillando las 588 fojas del Anexo que esconde la letra chica y las cifras del ajuste, emergen verdaderos guadañazos presupuestarios.

Al programa de “Investigación, prevención, detención temprana y tratamiento del cáncer”, se le aplicó un recorte de 5.000 millones de pesos.

Siempre en jurisdicción del Ministerio de Salud, el programa presupuestario 20.º, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufre un ajuste de 500 millones de pesos.

Para la cartera sanitaria también se ejecuta una quita de 20.000 millones de pesos en la compra de productos farmacéuticos y medicinales, dentro del programa de “Acceso a Medicamentos”.

Salud, Cancillería, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Seguridad, Indec y Obras Públicas víctimas del guadañazo

En la Cancillería, se desfinancia –ente otros rubros– el programa presupuestario 23.º, correspondiente a “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan algo 14,3 millones de pesos.

Al proyecto de diseño y construcción de cuatro satélites, se le podan recursos por un total de 900 millones de pesos.

El programa 30.º del Ministerio de Seguridad Nacional, con el que se registra presupuestariamente al “Servicio de Bomberos”, sufre un recorte de 11,8 millones de pesos.

Al Indec, organismo rector de la estadística pública, se le recortan 703 millones de pesos de su presupuesto.

Al recorte de 400 millones de pesos en el programa “actividades centrales” de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, le sigue una rebaja de 8.763 millones al programa “Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica”, todo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.

Al programa 82.º del Ministerio de Economía, destinado al desarrollo de infraestructura hidráulica en todo el país, se le aplican severos recortes, lo que resentirá seriamente proyectos de obras de agua y/o saneamiento como el acueducto Vipos en Tucumán, la ampliación de infraestructura en Cafayate (Salta), el acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Chubut), la ampliación de planta depuradora en Rafaela (Santa Fe), obras de agua potable en Concordia (Entre Ríos), la construcción de desagües cloacales en Catriel (Río Negro), la rehabilitación y ampliación de líquidos cloacales en Rada Tilly (Chubut), la construcción de redes de agua potable en Corzuela (Chaco), la ampliación del sistema de agua potable en Diamante (Entre Ríos) o la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Quirós (Catamarca) y Frías (Santiago del Estero).

También se quitan 502 millones de pesos para obras en Ruta 3 (tramo Cañuelas) y 940 millones para obras de mantenimiento vial en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En Parques Nacionales nadie se salva del hachazo de Adorni, ya que opera una poda por 2.557 millones de pesos en el programa presupuestario número 17 de la Jefatura de Gabinete, referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que –entre otros ajustes– incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país.

El origen de la cifra esquilmada de lo ya calculado: $971.450 millones

El recorte total sobre las administraciones subnacionales (provincias y municipios) alcanza los $971.450 millones, distribuidos de la siguiente manera:

• Transferencias de capital a provincias: se eliminan partidas por $420.000 millones destinadas originalmente a obras de infraestructura vial y mejoramiento de hábitat.
• Saneamiento e infraestructura hídrica: el recorte en el Ministerio de Obras Públicas (ahora bajo la órbita de Economía) asciende a $385.000 millones. Esto afecta directamente la construcción de plantas potabilizadoras, redes de cloacas y defensas contra inundaciones en los municipios.
• Transferencias corrientes y fondos especiales: los restantes $166.450 millones corresponden a la suspensión de giros para programas de asistencia técnica y subsidios directos que no están protegidos por la ley de coparticipación.

El "mecanismo de compensación"

Lo que hace el Gobierno con esta medida es lo que en economía se llama una reasignación de partidas de suma cero dentro del gasto primario. Es decir:

• Quita esos $971.000 millones a las provincias.
• Redestina $500.000 millones para el pago de sentencias firmes de jubilados (juicios previsionales).
• Reserva el excedente para asegurar el cumplimiento de la meta de superávit fiscal financiero.

Estas son las llamadas "transferencias no automáticas" (o discrecionales). Al ser fondos que el Ejecutivo Nacional decide girar o no, tiene la facultad administrativa de cortarlos, pero el impacto en el territorio es inmediato: las obras de saneamiento que ya estaban iniciadas en los municipios quedan técnicamente desfinanciadas a partir de hoy.