La defensa del ex intendente Marcelo Álvarez presentó ayer un planteo de prescripción para la Causa Inundación. El escrito lleva la firma del abogado Pablo Guastavino y se funda en la idea de que el proceso superó el “plazo razonable”, ya que los 10 años que tiene el caso excede la pena máxima del delito atribuido al ex dirigente político del PJ. El juez de Sentencia Nº 6, Gustavo Urdiales, es el encargado de resolver el pedido.

Álvarez está acusado de estrago culposo por la muerte directa de 18 personas, entre los últimos días de abril y los primeros de mayo de 2003, y para ese tipo de delitos le cabría una pena de cinco años. El argumento es que una persona no puede someterse a juicio por tiempo indeterminado, aunque bueno es aclarar que durante la última década el ex intendente colaboró bastante en la dilación del proceso.

Por caso, en 2009 el juez de Sentencia que tenía la causa era Enrique Álvarez y entre sus intervenciones –muchas de las cuales fueron objetadas– debió rechazar cuatro pedidos de nulidad presentados por los abogados de los tres acusados: Marcelo Álvarez; el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y el ex director provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti. Habían planteado la nulidad de las indagatorias, la pericial hidráulica, el procesamiento y la requisitoria de elevación a juicio, pero no tuvieron suerte.

Con respecto a la posible prescripción de la causa, una fuente judicial dejó entrever que para aquellos casos donde los procesados siguen siendo funcionarios públicos –y Álvarez es empleado de carrera– es menos factible aplicar esa figura del derecho, ni siquiera por el paso del tiempo. De todas formas, será el juez Urdiales el que deberá definir qué hacer con el expediente que desde hace más de una década acumula miles de fojas.

Lo veían venir

Está claro que el ex intendente de Santa Fe apuesta todo a que la causa caiga por completo en los tribunales provinciales. Los actores civiles Jorge Castro y Milagros Demiryi veían venir esa estrategia porque el acusado no presentó a ningún testigo que hable a su favor ni nuevas pruebas durante la etapa probatoria, que se realizó entre junio y julio pasado. En cambio, el resto de los procesados sí lo hicieron.

En el caso de Edgardo Berli, su abogado Néstor Oroño encaminó la defensa en el hecho del cambio climático y en responsabilizar de la ineptitud oficial –del gobierno– al Instituto Nacional del Agua (INA), porque no avisó la magnitud que tomaría la crecida del río Salado. Con respecto a Fratti, quiso demostrar que él sí advirtió al gobernador Carlos Reutemann y a otros funcionarios cuáles serían las consecuencias del desastre si no había un cierre provisorio del terraplén sobre la Circunvalación Oeste.

En relación al planteo de Berli, en su momento el director del INA Litoral, Carlos Paoli, contestó en Tribunales –cuando fue citado– que ese organismo no tenía un sistema de monitoreo en el Salado y apuntó al puente de la autopista: “Era insuficiente, me refiero a la luz, aún para crecidas menores a la de 2003, lo cual había sido informado por el Instituto en un estudio que en el año 1998 había efectuado para la empresa Aufe (ex concesionaria)”.

A su vez el ex supervisor hidráulico del Tramo I de la Circunvalación, Raúl Omar Jonas, dijo: “Con aquella obra se nos instruyó para que hagamos dos tramos, cerrando el segundo a la altura de calle Gorostiaga y dejando explícitamente en claro que era un cierre provisorio y que para crecidas de determinada magnitud, debía realizarse un cierre provisorio en ese sector”. O sea, el trabajo quedaba incompleto “por instrucción de superiores, debido a que los fondos económicos no alcanzaban”.

Otro aspecto central que está en la causa es que ex funcionarios de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas dijeron ante la Justicia que proveyeron al Estado de un mapa marcado con rojo donde se establecía hasta dónde iba a ingresar el agua del Salado. Lo que no se pudo determinar, según contó una fuente tribunalicia, es si ese dato llegó antes de que el agua se adentre en la ciudad por calle Gorostiaga. Fratti ratificó que sí avisó, aunque Carlos Reutemann siempre dijo que no.

Conferencia de prensa

Los actores civiles Jorge Castro y Milagros Demiryi optaron ayer por no hacer declaraciones públicas, ya que junto a sus abogados querían leer bien los fundamentos del planteo que interpuso Marcelo Álvarez antes de dar a conocer una apreciación que pueda comprometer el desarrollo de la causa. No obstante, manifestaron que hoy, a las 10, brindarán una conferencia de prensa para sentar posición sobre lo ocurrido.

La convocatoria, a la que se sumarán entidades intermedias de la ciudad, lleva la firma del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y se realizará en la Iglesia Metodista (ubicada en avenida Urquiza 2.943). Entre otros estarán presentes los abogados de la Causa Inundación de Santa Fe de 2003 y los actores civiles de dicha causa penal. Asimismo, se informó que sólo “se tocarán los temas más urgentes pertinentes a la situación de dicha causa y sus perspectivas”.