La iniciativa obtuvo 37 votos afirmativos y 11 negativos, sin abstenciones. Durante el debate se eliminaron algunos de los artículos más controvertidos y se incorporaron modificaciones vinculadas con las garantías judiciales, la participación de las víctimas y las facultades policiales.
19:31 hs - Jueves 05 de Noviembre de 2026
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de reforma en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de un extenso debate en el recinto y varias instancias de negociación entre los distintos sectores políticos. La iniciativa fue aprobada con 37 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones, aunque con modificaciones sustanciales respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo.
El avance legislativo fue posible luego de que prosperaran las negociaciones entre representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y el socialismo, que mantuvieron reuniones hasta casi la medianoche del miércoles para acercar posiciones sobre los puntos que generaban diferencias. Voceros legislativos de ambos espacios coincidieron durante la mañana del jueves en que se habían logrado avances en las conversaciones.
En las primeras horas de la tarde se retomó el debate en el plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales de la Legislatura santafesina. Una vez resueltas las diferencias entre los diputados radicales y socialistas y atendidas las modificaciones solicitadas tanto por el Ejecutivo provincial como por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se alcanzó un dictamen consensuado que dejó al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto.
El acuerdo permitió eliminar algunas de las disposiciones que habían generado mayores cuestionamientos, especialmente aquellas relacionadas con las facultades de intervención policial y las garantías de las personas involucradas en investigaciones penales. Sin embargo, la iniciativa conserva un conjunto de herramientas destinadas a modificar distintos aspectos del sistema de seguridad pública y del procedimiento penal.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá continuar su recorrido en el Senado provincial. Si obtiene también la aprobación de la Cámara alta, Pullaro contará con una nueva ley de seguridad para Santa Fe.
¿Cuáles son los principales cambios de la reforma de seguridad?
Entre las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados se destacan la eliminación de las zonas de intervención policial especial y de la posibilidad de que los efectivos interroguen a personas vinculadas con un hecho delictivo sin asistencia de un abogado defensor.
En concreto, los principales cambios respecto de la propuesta original son los siguientes:
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Eliminación de las zonas de intervención policial especial: se suprimió la creación de estas áreas, que contemplaban controles de acceso, requisas vehiculares, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas.
Sin interrogatorios policiales sin abogado: se descartó la posibilidad de que la Policía interrogue a personas vinculadas con un hecho delictivo sin asistencia letrada. Se mantiene la posibilidad de que el fiscal tome declaraciones informativas sin abogado, aunque bajo mayores garantías y sin que puedan utilizarse como prueba de cargo.
Mayores garantías para los juicios en rebeldía: se establecen requisitos adicionales, como la autorización judicial, la intervención de un defensor, una audiencia previa con la víctima y el registro audiovisual del proceso.
Mayor participación de víctimas y querellantes: se habilita a los querellantes a intervenir en la audiencia imputativa, formular preguntas y aportar elementos. También se reconoce expresamente el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
Modificaciones en la acusación fiscal: se reincorporó la posibilidad de que la Fiscalía formule acusación tanto después de la audiencia imputativa como cuando se haya autorizado la realización de un juicio en rebeldía.
Restricciones a las excepciones para admitir pruebas irregulares: se eliminó la referencia a evitar daños graves a la integridad física propia como justificación para admitir este tipo de pruebas. Se conserva la protección de terceros.
Allanamientos sin orden judicial: se mantienen los nueve supuestos contemplados en el proyecto, aunque se incorpora un control judicial de oficio dentro de las 24 horas para los casos previstos en los incisos 5 al 9.
Inactivación de inmuebles utilizados para actividades ilícitas: se conserva la facultad de desalojar, demoler, desmontar o bloquear propiedades vinculadas con actividades ilegales, con instancias de revisión judicial.
Régimen penitenciario agravado: continúa la posibilidad de aplicar medidas especiales a internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Entre ellas se incluyen el aislamiento individual y la suspensión de visitas y comunicaciones, con posibilidad de revisión judicial.
Límites a las tareas de inteligencia: las actividades que puedan afectar sustancialmente la privacidad o intimidad de las personas requerirán autorización judicial. Además, se establece una diferenciación entre las tareas de prevención y las investigaciones penales.
De esta manera, la reforma de seguridad impulsada por Pullaro consiguió avanzar en la Legislatura tras un proceso de negociaciones que permitió modificar el texto original y reunir los consensos necesarios para su aprobación en Diputados. La definición ahora quedará en manos del Senado, donde se resolverá si la provincia contará con un nuevo marco normativo en materia de seguridad.