Entre cruces, tensiones y reparos, Diputados debate las leyes de seguridad impulsadas por el Gobierno de Santa Fe

La Cámara de Diputados santafesina trata este jueves el paquete de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro, un proyecto que amplía las facultades de fiscales y policías. La iniciativa llega después de una semana de alta tensión interna en Unidos, la coalición oficialista, que en la sesión anterior no logró destrabar el tema.

Una postergación y un acuerdo en construcción

El proyecto tenía preferencia para ser aprobado el jueves pasado, pero la UCR y el Partido Socialista (PS) no alcanzaron un consenso y postergaron el tratamiento para esta sesión. Según informó el diario La Capital, un dirigente radical aseguró el miércoles por la noche que estaban cerca de cerrar un acuerdo.

Dentro del oficialismo hubo hermetismo total sobre los puntos en los que cada fuerza cedió para llegar a un texto común.

Las posturas de radicales y socialistas

El socialismo concentra sus reparos en los allanamientos sin orden judicial, las declaraciones e interrogatorios policiales sin abogado y los controles sobre las nuevas atribuciones. Sus objeciones también alcanzan a los sistemas de inteligencia y a las recompensas. Además, sostiene que la persecución penal corresponde al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cuestiona que el Ministerio de Seguridad provincial pueda asumir funciones que considera propias de los fiscales. A la vez, reivindica el rol de la Legislatura para revisar y mejorar las propuestas del Ejecutivo.

El radicalismo argumenta que el Gobierno necesita más herramientas para profundizar la baja de la violencia y enfrentar a las organizaciones criminales. Recuerda que el proyecto ingresó en mayo y empezó a tratarse recién en octubre.

Las objeciones de la Justicia y del MPA

La Corte Suprema, la Defensa Pública y abogados penalistas plantearon objeciones al proyecto. El MPA, por su parte, respaldó la necesidad de nuevas herramientas, aunque pidió ajustes al texto.

El miércoles, en la apertura de la Expo Seguridad en Rosario, el gobernador buscó bajar el tono de la disputa sin resignar su reclamo. Expresó su expectativa de que los diputados avancen con las reformas y sostuvo que “en Unidos no hay tensión, hay miradas que, a veces, no son iguales”. Defendió el derecho a pensar distinto, consideró que las diferencias fortalecen al frente y dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras al texto.

Pullaro insistió en que la seguridad pública necesita las leyes y advirtió que la baja del delito no significa que las bandas hayan dejado de operar. Aseguró que se logró contener el delito y la violencia, pero que las organizaciones criminales siguen activas. También respaldó a la Policía de Santa Fe y al Servicio Penitenciario, y prometió seguir fortaleciéndolos. Para el Ejecutivo, el paquete busca sostener los resultados de la gestión y evitar un retroceso.

El escenario en la Legislatura

La sesión anterior mostró la dificultad de Unidos para traducir su mayoría legislativa en un acuerdo sobre una prioridad del gobernador. La UCR controla el Ejecutivo y el Senado, mientras que el socialismo tiene un peso decisivo en Diputados.

El peronismo ya había adelantado sus reparos en esa sesión, en la que se aprobaron la norma contra el comercio ilegal de celulares y los cambios en la Defensa Pública. La peronista Celia Arena cuestionó la falta de garantías y la regulación de los allanamientos. Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, advirtió que ampliar las atribuciones policiales puede vulnerar derechos y consideró inconstitucionales varios artículos de la reforma.