Un trabajador medio del sector público de Santa Fe podría recuperar más de 250.000 pesos mensuales en su salario disponible. Es la estimación que dio Malena Azario, secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, al presentar el plan oficial para combatir el sobreendeudamiento que golpea a decenas de miles de empleados provinciales.

El número es la cara más concreta de un paquete de medidas que incluye un decreto inminente, pedidos de refinanciación a entidades crediticias y nuevas líneas de crédito bonificadas para trabajadores del sector privado, autónomos e informales.

El origen del problema: tasas del 100% y salarios que no alcanzaron

La provincia detectó niveles de morosidad históricos en las familias santafesinas, producto de un período en que las tasas de interés para préstamos personales llegaron al 100%, muy por encima tanto de la inflación como de los incrementos salariales.

"Las tasas de interés para los préstamos personales van por un carril superior a lo que va la inflación y los incrementos salariales. Eso necesariamente impacta negativamente en los salarios", señaló Azario al programa Mañana UNO.

El resultado: entre 33.000 y 35.000 agentes provinciales tienen hoy descuentos por deudas aplicados directamente sobre su salario a través del sistema de código único de descuento. El sector más crítico es el que tiene más del 25% de su salario comprometido con operaciones crediticias.

La medida central: el tope baja del 50% al 25%

La respuesta inmediata del Ejecutivo será un decreto que reducirá a la mitad el porcentaje máximo de afectación salarial permitido: del 50% vigente al 25%. "No vamos a permitir que el trabajador tome crédito por más del 25% de afectación de su salario", definió Azario. La norma regirá hacia adelante para todas las operaciones nuevas dentro del sistema de código de descuento.

Es sobre esa diferencia —entre el 50% que hoy puede descontarse y el 25% que se fijará como techo— donde se asienta la estimación de más de 250.000 pesos mensuales de recupero para un trabajador medio. El monto, aclaró la funcionaria, es variable según el nivel de endeudamiento de cada agente.

¿Qué pasa con las deudas ya contraídas?

El interrogante más sensible del plan es qué ocurrirá con quienes ya superan ese 25%, contratados bajo la normativa anterior. En primera instancia, el gobierno pedirá a las entidades acreedoras que refinancien esas deudas para adecuarlas al nuevo tope. "No los podemos obligar porque es una deuda contraída con una regla jurídica anterior", reconoció Azario.

Sin embargo, quien no refinancie quedará inhabilitado para operar nuevos créditos dentro del sistema. Para los casos en que la negociación no prospere, el esquema prevé dos salidas: que otra entidad absorba la deuda, o que el propio Estado garantice la diferencia mediante un anticipo que alivie el salario del trabajador afectado.

Para el sector privado: créditos bonificados desde mayo

El plan no se limita al empleo público. Para los trabajadores privados, la provincia trabaja con el Banco Santa Fe en una línea de préstamos con tasas bonificadas, mayor plazo y período de gracia para refinanciar deudas existentes. Las herramientas estarán disponibles a partir de mayo y se extenderán también a autónomos e informales a través del Banco Solidario.

El efecto esperado: más plata en el bolsillo y más consumo

Azario subrayó que el impacto del plan no se limita al alivio individual de cada trabajador. "Esta inyección de dinero que va a poder disponer el trabajador va a ser volcada en el consumo", afirmó, con la expectativa de que la medida contribuya a morigerar la actual situación de recesión y alta morosidad que atraviesa la provincia.

Con más de 250.000 pesos mensuales como cifra de referencia, el gobierno santafesino busca convertir un problema de deuda privada en una palanca de reactivación económica.

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