La semana pasada, la Cámara Federal declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán. La Sala I hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por Amia y Daia, que fue apoyada durante el trámite por el fiscal general Alberto Nisman, y declaró la inconstitucionalidad del memorándum y de la Ley 26.843 que lo aprobó. En diálogo con Diario UNO, Fabián Glembotsky, secretario de la Daia Santa Fe y el asesor legal de la misma institución, Alberto Sulam, analizaron los alcances de la resolución firmada por Eduardo G. Farah y Jorge L. Ballestero y consideraron que el memorándum no fue más que “una maniobra dilatoria” de Irán. 

“La Daia avala la posición de la Justicia en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento que se gestó entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Nos opusimos a este acuerdo desde un primer momento y hoy tenemos que estar agradecidos a la actuación de los dos jueces de la Sala I. En términos políticos, creemos que Argentina no puede negociar con un país que niega la Shoa, que no le da derechos civiles a los ciudadanos, en donde las mujeres son degradadas, y que ha fomentado el terrorismo a nivel internacional a través de hechos concretos”, sostuvo Glembotsky. 

Y en términos jurídicos, el acuerdo también presentaba serias grietas: “El fallo de la Sala I es muy extenso y está muy bien fundamentado. Lo que plantea es que el acuerdo violaba principios constitucionales garantizados en nuestra Carta Magna. Uno de los puntos más cuestionables, por ejemplo, era la constitución de una Comisión de la Verdad. En primer lugar, al plantearlo con esa denominación se le quitaba valor a todas las actuaciones que hasta el momento había realizado la Justicia argentina. Pero además, esta comisión no tenía previsto ningún plazo de creación. No se detallaba ni cómo ni cuándo se iba a constituir. Otro de los puntos, es que el acuerdo violaba el principio constitucional del juez natural. Tanto las víctimas, como los querellantes y hasta los mismos acusados tienen derecho a ser juzgados por el juez natural, es decir, del lugar dónde se produjo el hecho”, detalló Salum. 

 Entre los objetivos encubiertos del acuerdo, Glembotsky señaló que Irán pretendía que se bajaran las cinco alertas rojas que tenía Interpol para cinco ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional, entre ellos un candidato a presidente y un ministro de defensa.  

—En términos políticos: ¿por qué Argentina estaba dispuesta a aceptar un acuerdo que con estas características? 

F. G.: El Gobierno siempre presentó el acuerdo como un avance en la investigación del atentado, porque ellos decían que la causa estaba paralizada. Para la Daia, en cambio,  la causa no estaba paralizada, sino que estaba avanzando en una dirección: hacia Irán. Es más, estaban prontas a realizarse las indagatorias. Y ahí surge el problema. Ademas, el gobierno actuó como autista y se llevó todo por delante. No consultó la opinión ni de la Daia ni de Amia, ni de las víctimas y querellantes. Fue un atropello, no sólo para la comunidad  judía, sino para todos los ciudadanos argentinos. 

—Mientras se debatía el memorándum: ¿qué pasó con la investigación?

A. S.: Siguió adelante, por suerte nunca se paralizó. El fiscal Alberto Nisman no dejó de investigar.  Hay pruebas muy claras que muestran una triangulación directa con Irán, llamadas telefónicas realizadas desde Argentina a Ciudad del Este, y una actividad muy fuerte en la triple frontera poco antes del atentado. Sin embargo, en todos estos años y a pesar de los reiterados pedidos oficiales, Irán nunca colaboró en investigar estos vínculos. 

Para ambos representantes de la Daia Santa Fe, la otra buena noticia respecto de la investigación de la Amia, es que el miércoles pasado el juez federal Rodolfo Canicoba Corral elevó a juicio la causa contra el mecánico Carlos Telleldín por el ataque terrorista a la mutual judía. Telleldín está acusado por el delito de homicidio calificado doblemente agravado. “Él fue el último en entregar la camioneta que llevaba el explosivo, tiene que decir a quién se lo dio”, resumió Glembotsky. 

Para Canicoba Corral, los peritajes “efectuados a lo largo de la instrucción” permiten “a los acusadores sostener, con el grado de convicción suficiente para esta etapa, la mecánica del atentado y la utilización de una Renault Trafic como coche bomba, en la cual se encontraba colocado el motor adquirido por Telleldín”.